Efectivos de Gendarmería Nacional realizaron varios allanamientos simultáneos en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires en oficinas de varias financieras que estarían vinculadas con la familia del gremialista y presidente de Independiente, Hugo Moyano. Entre ellos, el de un empresario quilmeño, Fabio Fernández, con domicilio en el Abril Club de Campo, de Berazategui, que entre otros, es propietario de la cadena de pizzerías Pertutti y está ligado a casas de juego, según informó el sitio TN.com.ar.
Los operativos se realizaron por orden del juez del fuero Penal Económico Pablo Yardarola, quien investiga la comisión de «maniobras de intermediación financiera no autorizadas» por el Estado, según explicaron fuentes con acceso a la causa.
Tal es la cantidad de documentación que se secuestró, que tuvieron que pedir un camión para trasladar el material incautado.
Los locales allanados son Intercréditos Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Limitado; Global Finanzas SA, Megared SA, Metrocred SA e Interbursátil Sociedad de Bolsa, entre otros, con sedes en Capital Federal, Avellaneda, Quilmes y Berazategui.
Los procedimientos fueron dispuestos con el objetivo de acceder e incorporar al expediente elementos de prueba relacionados con varios ilícitos que son materia de investigación.
El juez Yardarola sospecha que estas financieras en realidad son «cuevas» que otorgan préstamos -con fondos propios y de terceros- y realizan «operaciones marginales de cambio» sin autorización del Banco Central y de otros organismos de control. Se cree que detrás de estas operaciones los dueños de las financieras estén encubriendo maniobras de lavado de dinero y evasión tributaria.
Esta semana, otra decisión judicial puso bajo la lupa al ex líder de la CGT y a su hijo, Pablo. El juez Rafael Caputo dispuso levantar el secreto bancario en un expediente que investiga posibles maniobras de lavado a través de sospechosas transferencias de fondos entre la federación de Camioneros y empresas privadas como la postal OCA.
Esta medida se produjo en la causa iniciada en enero de este año a partir de una denuncia realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) tras recibir un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) que detallaba sospechosas trasferencias entre los denunciados.
En el informe que originó la denuncia se consignaban movimientos financieros desde 2008, como por ejemplo una donación de más de $ 6 millones de OCA a la mutual y al club del sindicato de Camioneros.
