La delicada decisión de un fiscal platense que buscaba ser la solución para terminar con la ‘epidemia’ de amenazas de bomba en los colegios bonaerenses seguramente termine como una anécdota pintoresca. Es que la idea –de no evacuar si sólo se trata de una llamada telefónica- no fue bien recibida en el Ministerio de Educación y van a tratar dejarla sin efecto.
La polémica se generó anoche cuando Álvaro Garganta, titular de la UFI 11 de La Plata, le mandó una nota al titular de la cartera de Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny. Según se pudo saber, esa comunicación tomó al funcionario de María Eugenia Vidal “por sorpresa”.
Directamente, desde la careta educativa, por estas horas, «estudian» con el Ministerio de Justicia la forma en que podrían aplicar una decisión que -aseguran- «genera más dudas que certezas».
Como ya informó este portal, Garganta dispuso que, durante su turno hasta el 15 de agosto, frente una intimidación pública, “la actuación policial” sólo “se limitará a convocar de inmediato a los técnicos de explosivos, a los fines de realizar una inspección sobre el lugar».
La opción del desalojo sólo quedaría para los casos de amenazas de explosivos “solo si los especialistas encontraran algún material que fuera necesario explotar se procederá entonces a realizar el usual perímetro y la evacuación del edificio”.
