Burford y la Argentina volvieron a enfrentarse en Nueva York por el juicio de YPF

La República Argentina y los demandantes encabezados por Burford Capital volvieron a enfrentarse este miércoles en Nueva York, en el marco de una audiencia de seguimiento del proceso judicial por la expropiación de YPF, que tramita ante el tribunal a cargo de la jueza Loretta Preska.

La audiencia se realizó tras el pedido de sanciones presentado por Burford Capital y la solicitud de suspensión total del proceso impulsada por el Estado argentino, según informó la Procuración del Tesoro de la Nación. El encuentro formó parte del seguimiento del proceso de discovery ordenado por el tribunal y estaba previsto con anterioridad.

Desde el Gobierno nacional señalaron que la convocatoria había sido fijada a fines del año pasado y cuestionaron la presión ejercida por los demandantes. Fuentes oficiales consideraron improcedente insistir en requerimientos de información sobre activos amparados por inmunidades soberanas, y advirtieron que exigir datos al Banco Central sobre la localización de activos equivaldría a solicitar a la Reserva Federal de Estados Unidos información sensible sobre sus propias tenencias.

Asimismo, la defensa argentina remarcó que durante la audiencia el país reafirmó su compromiso de completar la documentación pendiente correspondiente a los puntos previamente acordados y de continuar avanzando en las comunicaciones vinculadas a ciudadanos que manifestaron su voluntad de cooperar con el proceso.

En ese sentido, destacaron que la Argentina continúa demostrando responsabilidad y buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones procesales, aun cuando mantiene firme el pedido de suspensión del proceso. Desde el Ejecutivo señalaron que el Estado sostiene una postura firme en la defensa de sus derechos y en el uso de todas las herramientas legales disponibles.

Finalmente, la representación argentina subrayó que la audiencia permitió reiterar la posición del país sobre la improcedencia de ciertos requerimientos formulados en el discovery y reafirmar la decisión del actual Gobierno de sostener una estrategia jurídica activa en el litigio.