En el mes de febrero de 2015 el oficial inspector de la Policía Federal Ezequiel Alifraco, con apenas 32 años y un hijo de sólo seis meses de vida, viajaba en su automóvil junto a su esposa y el bebé, hacia la casa de su suegra para cenar allí. Antes de llegar a las 21 fue interceptado en Villa Jardín, Lanús, por tres delincuentes armados que le querían robar el auto. Al descender le efectuaron un disparo a la cabeza y lo mataron delante de su mujer y su hijo, le robaron el auto y se fueron. El policía, esposo y padre, falleció poco después.
Ese niño crecerá sin padre y seguramente nunca podrá entender por qué lo mataron y se lo quitaron. Y su madre deberá acompañarlo en su dolor y tristeza compartidas.
Al poco tiempo fueron detenidos los asesinos, uno de ello era el entonces menor de 15 años César Maximiliano Aguilera, alias «Turrón», hijo de una familia de delincuentes ya que su padre estaba detenido por pirata del asfalto y su madre lo apoyaba en sus correrías siniestras. Su madre fue sentenciada a siete años, pero con arresto domiciliario. Turrón fue liberado del Instituto tres años después al cumplir 18.
Sólo tardó 70 días en volver a ser detenido, esta vez como mayor, luego de cometer numerosos robos y nuevamente un homicidio en Valentín Alsina, al asesinar a Ramón Eduardo Ovelar, de 32 años, al que le disparó dos veces en el pecho. A su vez tenía documentos falsos y otra identidad.
Más allá de la eterna discusión acerca de la edad de imputabilidad de los menores, cabe preguntarse qué hace mientras tanto el Estado con los que delinquen y se transforman en asesinos. Al cumplir la mayoría de edad, a los 18 años, son liberados. Y vuelven al lugar donde los criaron, en este caso una familia de delincuentes peor que los hijos. ¿ Qué pretenden, que su familia los reinserte socialmente y haga de ellos personas honestas alejadas del delito. Poco probable.
La ausencia del Estado es visible y palpable desde el momento en que recupera su libertad y aparentemente nadie se ocupa de saber con quién vivirá, de acompañarlo , guiarlo y controlar sus actividades para que no siga matando ciudadanos indefensos. No alcanza con decir «son inimputables» y que salgan en libertad. Se los debe ayudar y asistir y eso, ante la conducta delictiva de los padres, es obligación del Estado.
Al mismo tiempo se protegerían también los derechos del niño cuando son víctimas del asesinato de sus padres, algo de lo cual muy pocos se acuerdan. Todo para el que delinque y muy poco o nada para los menores víctimas. Familias destruidas por estos niños asesinos, que dejan a otros sin papá, que murieron por el solo hecho de trabajar y criarlos en forma honesta y mientras paseaban en su automóvil.
Ah, y por favor traten las autoridades de avisar cuando TURRÓN vuelva a salir en libertad, asi por lo menos trataremos de no cruzarnos con él para no ser probables víctimas de robos y homicidios.
Por Mario Naldi
Comisario Mayor (RE) de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires.
Presidente de Global Solutions Consultora Integral SA.
mario.naldi@globalsolutions.com.ar
