El primer día hábil de 2018, María Eugenia Vidal comenzó a percibir, en el goteo de la coparticipación, los beneficios del Pacto Fiscal que eliminó el Fondo del Conurbano y significó un aumento de los fondos que la Nación envía a la provincia de Buenos Aires.
A dos meses de esa mejora, señala el diario Clarín, -en todo el año significará unos 21 mil millones de pesos-, que validaron aun a regañadientes las demás provincias, Vidal tiene listo el escrito judicial para retirar de la Corte Suprema la demanda que inició para pedir lo que, a fin de año, hizo el Congreso. El fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, ya elevó su dictamen donde plantea que el acuerdo alcanzado es beneficioso para la provincia y por tanto recomienda retirar la demanda.
En estos días, dijeron fuentes bonaerenses se hará ese trámite judicial que pondrá fin a un conflicto que duró casi dos décadas, que nació como parte de un acuerdo entre dos jefes del PJ, Carlos Menem y Eduardo Duhalde, y detonó varios conflictos interperonistas entre la Casa Rosada y La Plata.
Antes de terminar marzo, Vidal habrá retirado su demanda, las provincias habrán hecho lo propio y el Gobierno Nacional tendrá listo el «bono» con que compensará a las demás provincias. Ese papel, cuyo valor nominal orilla los $ 90 mil millones -pero a diez años rozará los 130 mil millones- fue la cláusula que destrabó la firma del Pacto Fiscal porque los gobernadores reclamaban que la Nación premie a las provincias por retirar sus demandas en la Corte.
El dato no es menor: en ese tribunal hay más de 40 presentaciones provinciales contra medidas que involucran fondos federales. La Casa Rosada incluyó en el Pacto Fiscal un párrafo por el cual las provincias debían retirar esas demandas.
