El magistrado Francisco Terrier, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 3 de La Plata, determinó «ordenar, en carácter de medida precautelar, a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, suspender la ejecución de la Resolución Nº 2397/17 hasta tanto se resuelva la tutela cautelar peticionada».
Tal resolución establecía «el cese jubilatorio del personal docente que al 31 de diciembre de 2017, hubiera alcanzado los sesenta (60) años de edad y treinta (30) años de servicios».
«El personal docente comprendido en la presente contará, desde el plazo de la notificación, con treinta (30) días hábiles administrativos para aportar elementos demostrativos de servicios que no hayan sido contemplados en la resolución respectiva», se añadía en el artículo subsiguiente.
En cuanto a los argumentos para tomar dicha determinación, desde la cartera que conduce Gabriel Sánchez Zinny se resaltó que «el derecho a la estabilidad se pierde cuando el docente reúna los requisitos exigidos para obtener los beneficios jubilatorios máximos».
El juez Terrier hizo lugar a la medida cautelar presentada por Suteba y FEB, quienes descataron que «con la jubilación de oficio están condenando a más de 3.000 docentes a sobrevivir con el 60% del salario durante 3 o 4 años. Es una clara medida de ajuste y una muestra de que el Gobierno no repara en las necesidades de la Escuela Pública y de los Docentes», expresó Roberto Baradel, titular de Suteba.
