El fiscal a cargo de llevar adelante la acusación en el juicio que se seguía a dos jóvenes acusados de haber secuestrado al hijo de un reconocido médico forense del Departamento Judicial Quilmes desistió de la acción penal, al considerar en su alocución de ayer ante el Tribunal Oral Nº 2 de Quilmes que «se trató de una causa direccionada con serias irregularidades». Al mismo tiempo, el doctor Sebastián Videla denunció al exjefe de la Brigada Antisecuestros de la DDI Quilmes, Luis Fernández Quispe, junto a otros policías como a testigos convocados en el debate por «falso testimonio».
Estaban previstos en la víspera los alegatos, pero el doctor Videla desistió de la acusación: «quedó comprobado que el policía Ortíz cometió irregularidades en la diligencia de reconocimiento en rueda al igual que Fernández Quispe en el proceso de investigación. Además solicito se investigue la posible connivencia entre policías y los imputados Sosa y Barrios ya que a los encausados se les avisó que estaba siendo investigados en el proceso que nos convoca».
«Fernández Quispe era el nexo con la Justicia Federal y hay gravísimas irregularidades donde no podemos llevar adelante una acusación cuando se han dado todo tipo de anomalías», indicó el doctor Videla. Con tales fundamentos los imputados Nelson Barrios y Ulises Sosa fueron absueltos y recuperaron la libertad.
A los jóvenes, ahora absueltos, se les imputaba el secuestro de Damián Prado, joven al que al menos varios sujetos privaron de la libertad tras capturarlo en la localidad de Bernal y para su liberación cobraron un rescate de miles de pesos para dejarlo en inmediaciones de un hotel alojamiento en Florencio Varela.
A Barrios como a Sosa se los había acusado de haber participado -al menos junto a dos o tres personas más- en la sustracción, retención y ocultamiento de la víctima el 9 de Julio de 2015, entre las 21.20 y 23.30, oportunidad en que descendieron de un rodado Fiat Uno Nuevo -de un color similar al beige, vidrios polarizados-, alguno de ellos portando armas de fuego y abordaron a la víctima en la calle Maipú Nº 843, a quien obligaron -siempre a punta de pistola-, a ascender a su rodado VW, para retirarse del lugar.
Fue así que los captores, luego de varios llamados extorsivos realizados desde el teléfono celular de la víctima hacia su padre, un reconocido médico forense, exigieron una suma de dinero que fue abonado a las 23 aproximadamente de ese mismo día, en la ruta 36 en dirección a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, próximo al hotel Rutamar, partido de Florencio Varela, por lo que fue liberado minutos después en las cercanías del lugar de pago.
Sin embargo el fiscal, tal se demostró en el juicio, alertó graves irregularidades en perjuicio de Sosa y Barrios por lo que declinó de la acusación en contra de los mencionados.
