El Gobierno derogó la resolución que regulaba los aranceles de los establecimientos privados desde hace más de 30 años. Las instituciones podrán establecer libremente sus precios y salarios.
El Gobierno nacional oficializó la desregulación del sistema de control estatal sobre las cuotas y matrículas de los colegios privados, eliminando así la obligación de informar los aumentos o solicitar aprobación previa para fijar los aranceles.
La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, pone fin a un esquema que llevaba más de tres décadas vigente y que exigía a las instituciones educativas de gestión privada comunicar al Estado los valores de sus cuotas, matrículas y otros conceptos.
De acuerdo con los fundamentos de la norma, el Ejecutivo argumentó que “el mecanismo de fijación de precios perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo, limitando su capacidad de elegir establecimientos de enseñanza adecuados a sus posibilidades económicas”.
El texto sostiene además que este sistema “constriñe el derecho de propiedad de los establecimientos educativos, quienes, al ser entidades privadas, deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados sin necesidad de autorización estatal”.
Desde el Gobierno plantearon que la intervención estatal en la determinación de las tarifas “podría generar una precarización de la calidad educativa, al impedir que las instituciones respondan con agilidad a los aumentos de costos operativos, insumos y salarios”.
Con la derogación, el Ejecutivo busca “resguardar el principio de libre contratación”, permitiendo que los colegios privados definan sus propias políticas de precios y remuneraciones “en el marco de una competencia leal y de acuerdo a las demandas del mercado”.
La decisión fue celebrada por algunas cámaras del sector educativo privado, mientras que asociaciones de padres advirtieron que podría derivar en aumentos desmedidos de las cuotas escolares ante la falta de control estatal.
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