Trabajadores de la Línea B de subtes liberan molinetes
Los trabajadores de la Línea B de subterráneos liberarán este miércoles los accesos de la estación Federico Lacroza, entre las 7 y las 18, en el marco de las protestas que llevan adelante por las condiciones sanitarias que consideran inadecuadas para desarrollar su tarea, debido a la presencia de asbesto en las formaciones y en los talleres.
Además, a partir de las 7.30 brindarán una conferencia de prensa en el lugar, donde anunciarán nuevas medidas de fuerza que prevén implementar en los próximos días.
En un comunicado, los delegados señalaron que desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) vienen denunciando desde hace años “la crisis sanitaria que padecemos en la red de subterráneos por la presencia de asbesto cancerígeno y las consecuencias luctuosas que provoca entre trabajadores y usuarios”, y advirtieron que existen “cientos de afectados, enfermos y fallecidos”.
En ese marco, reclamaron al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la declaración de la Emergencia Operativa para la Línea B, al considerar que esa medida permitiría dar respuestas urgentes hasta la llegada de la nueva flota, además del recambio del trazado de vías, el restablecimiento de los programas de mantenimiento integral y la desabestización total de la red.
Asimismo, denunciaron que en las últimas semanas la empresa concesionaria Emova realizó intervenciones “en forma ilegal” sobre elementos contaminados con asbesto en varias formaciones Mitsubishi que circulan en la Línea B, lo que habría provocado la dispersión de fibras cancerígenas y la exposición de millones de personas a la contaminación durante cada viaje.
Los delegados también señalaron que la situación se ve agravada por el “vaciamiento de sectores, la ausencia de inversión y mantenimiento, la circulación de trenes de más de 70 años de antigüedad, vías obsoletas y tarifas elevadas que no guardan relación con el deficiente servicio que presta la concesionaria”.
Finalmente, denunciaron una “campaña de hostigamiento” que incluye sanciones y descuentos salariales considerados injustificados contra delegados y trabajadores, y sumaron casos de acoso sexual y violencia laboral, como el que denunció Araceli Pintos, trabajadora que, según indicaron, fue desvinculada de la empresa como represalia tras presentar la denuncia correspondiente.
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