Hace pocos días fueron asesinadas tres personas a quienes aún se trata de identificar y sus cuerpos fueron subidos a un carro y prendidos fuego con la ayuda de neumáticos y combustible. Las noticias indican que sería un «ajuste de cuentas narco» o estaría enmarcado en una guerra a plomo y sangre por el «territorio». Este hecho nos puede representar que se trata de una ciudad de México o Brasil donde son comunes estas disputas entre narcotraficantes y dejan los homicidios más horrorosos.
Pero no, para sorpresa de todos, ocurrió en la villa o Barrio 31, pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires y donde según la propaganda oficial se llevan a cabo tareas de urbanización, ayuda social y mayor asistencia en seguridad ciudadana preventiva.
Siempre me gusta aclarar que lo que se quiere significar con «ajuste de cuentas» es como que es un problema entre personas del mundo del delito donde alguna de ellas no cumplió en todo o parte de lo pactado y entonces se vengan unos de otros. Es como si se quisiera decir que el asunto no perjudica a los ciudadanos honestos, ni tiene incumbencia en su seguridad y que el estado no tiene responsabilidad directa en que estos «ajustes» sucedan, ya que no están dentro de la órbita de su control al ser entre personas en conflicto con la ley.
Obviamente que no estoy de acuerdo ni con la significación de la frase ni con la connotación que se le pretende atribuir. El hecho en sí es claramente un homicidio donde hay víctimas y victimarios, más allá de las motivaciones del mismo. De sólo pensar que uno puede ser testigo circunstancial e involuntario del hecho me atrevo a suponer que correríamos la misma suerte que los asesinados. Lo mismo sucedería en caso de transitar justo cuando los bandos andan alegremente a los tiros tratando de matarse. Por ello, creo que sí es un asunto que involucra la seguridad de los vecinos y que por lo tanto requiere participación más efectiva del Estado, tratando de que estas acciones no sucedan y no sólo buscando a los culpables de haberlas llevado a cabo.
En cuanto a las peleas por «el territorio» debo aclarar que se trataría de zonas geográficas que determinado grupo de narcos o delincuentes intentan controlar para llevar a cabo sus negocios ilegales e imponer sus propias normas de convivencia mediante la intimidación o agresión física, que llega hasta la tortura y asesinato. Mientras tanto los vecinos de ese «territorio», actores obligados del drama, deben acatar las nuevas «leyes» que imponen los vencedores de esa guerra entre delincuentes.
Entiendo que lo que ellos llaman «territorio» es una porción geográfica en la cual debe imperar la Ley del Estado y no la de los narcos o delincuentes, pero para que ello suceda debe estar presente y actuar con firmeza.
He sido muy criticado por mis comentarios acerca de cómo abordar el problema cuando propuse el control de accesos a esos barrios donde los narcos pretenden ser «territoriales» e implantar su propia ley. Sin embargo sigo sosteniendo que todos los habitantes honestos y trabajadores (casi la totalidad) de esos barrios estarían de acuerdo en que se controle e impida el ingreso de armas y drogas y que su vecindario no pase a ser parte de ningún «territorio» controlado por personas violentas y al margen de la ley.
El control para evitar el libre desplazamiento de narcos, su droga, sus armas y la instalación de «cocinas de droga» es una de las soluciones para evitar parecernos a algunas ciudades de México o Brasil, donde sólo imperan la violencia y los crímenes.
