El presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario mediante el decreto 879/2024, apenas horas después de la masiva marcha federal en defensa de las universidades públicas. Este veto representa un nuevo golpe a la educación superior, bajo el argumento de que el proyecto «no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos a utilizar para su financiamiento».
La administración de Milei sostuvo que su implementación significaría un gasto adicional de más de 811 mil millones de pesos, lo cual, según ellos, afectaría gravemente los objetivos económicos de su gobierno. Sin embargo, este razonamiento deja en claro una realidad preocupante: en la Argentina de Milei, la educación no es prioridad.
El veto, que ahora regresa al Congreso para que los legisladores decidan si lo aceptan o insisten en el proyecto, ignora por completo la importancia del sistema universitario en un país donde las universidades públicas son uno de los pocos espacios que garantizan igualdad de acceso a la educación. La política del actual gobierno de recortar recursos en áreas fundamentales como la salud y la educación evidencia una falta de compromiso con los sectores que más necesitan de una inversión pública fuerte. Mientras que la educación privada sigue floreciendo, las universidades públicas quedan al borde del colapso por falta de financiamiento.
Entre los argumentos del decreto, se subraya que el presupuesto actual de la Secretaría de Educación «no incluye los créditos necesarios para atender el gasto» y que su implementación demandaría fondos adicionales del Tesoro Nacional. Además, Milei argumenta que la ley establece un «privilegio» para el personal universitario en relación con el resto de los empleados públicos, asegurando que las mejoras salariales deben resolverse en el marco de la negociación colectiva y no mediante leyes específicas. Este razonamiento, sin embargo, desconoce las profundas desigualdades que enfrentan los trabajadores universitarios, quienes, con salarios desactualizados y sin una fuente de ingresos garantizada, son víctimas directas de este ajuste.
En su afán por imponer una política de ajuste implacable, Milei parece olvidar que las universidades públicas no solo son lugares de formación, sino también de investigación, innovación y desarrollo social. Ignorar su financiamiento es apostar a la decadencia de la educación pública y, en consecuencia, de las futuras generaciones de profesionales en Argentina. Más preocupante aún es que este veto, lejos de ser una medida aislada, se inscribe dentro de un esquema más amplio de desfinanciamiento de lo público y fortalecimiento del sector privado.
Este veto, presentado con el habitual tono tecnocrático, no deja de ser un ataque directo a la educación pública, un espacio que debería ser protegido y fortalecido, no desmantelado. La decisión del gobierno demuestra que la promesa de ajuste de Milei no discrimina entre sectores, y que la educación pública, a pesar de ser un pilar esencial de cualquier sociedad que aspire al desarrollo, es para él un «gasto innecesario».
