La Policía encontró un contrato entre José Luis Espert y Machado por un monto de un millón de dólares, en medio de una investigación judicial que aún no fue detallada públicamente. El documento, según trascendió, se hallaba roto y manchado, aunque los peritos lograron reconstruirlo casi por completo para analizar su contenido.
El acuerdo establecía una serie de compromisos económicos y profesionales entre el comitente y el prestador, con cláusulas claras sobre los plazos de cumplimiento. Una de ellas especificaba que el comitente tenía derecho a requerir al prestador el cumplimiento de sus obligaciones dentro de los treinta días, y que si el plazo vencía sin que se realizara la prestación, el contrato podría resolverse. En ese caso, el comitente quedaba habilitado a reclamar la devolución del dinero entregado y los daños y perjuicios derivados de la falta de cumplimiento.
Sin embargo, según declaró el propio José Luis Espert, el dinero no fue devuelto a pesar de que el trabajo acordado no se completó. El diputado argumentó que esto se debió a una razón de fuerza mayor, haciendo referencia al impacto de la pandemia de COVID-19, que habría imposibilitado continuar con las tareas pactadas.
Otro punto llamativo del contrato fue la cláusula final, en la que ambas partes aceptaban que cualquier controversia o disputa legal sería resuelta bajo la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Nueva York, en los Estados Unidos.
La aparición de este documento podría sumar un nuevo capítulo a la polémica en torno a los vínculos contractuales y financieros de Espert, cuyo entorno todavía no emitió un comunicado oficial sobre el hallazgo.
