Representantes de cámaras empresariales, gremios y funcionarios coincidieron en que la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica son condiciones fundamentales para impulsar las inversiones en infraestructura que necesita el país.
Durante un encuentro realizado en La Rural, referentes de distintos sectores productivos analizaron los principales desafíos para ampliar la infraestructura en Argentina y sostuvieron que el crecimiento dependerá de la existencia de reglas claras y previsibilidad para los inversores.
En materia de desarrollo regional, el presidente del Consejo Regional del Norte Grande (COREBE), Edgardo Castellanos, presentó un plan hídrico para el NOA que contempla la construcción de la obra San Juancito, en Jujuy, un acueducto de 210 kilómetros en Salta y un proyecto para el manejo de excedentes de los ríos Bermejo y Bermejito.
Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, advirtió sobre la necesidad de realizar inversiones anticipadas en transporte y energía para evitar cuellos de botella que puedan limitar el crecimiento de la actividad minera.
En la misma línea, Alberto Calsiano, representante de la Unión Industrial Argentina (UIA), alertó que, pese al desarrollo de Vaca Muerta, el sistema de transporte eléctrico de Extra Alta Tensión se encuentra al límite de su capacidad y requiere obras urgentes para acompañar el crecimiento productivo.
En el bloque dedicado al financiamiento, Francisco Gismondi, de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), afirmó que la estabilidad macroeconómica resulta indispensable para garantizar contratos de largo plazo. Además, destacó el crecimiento del crédito doméstico registrado en los últimos dos años, al considerarlo una herramienta clave para impulsar proyectos de vivienda y grandes obras de infraestructura.
Por último, el secretario de Coordinación de Infraestructura de la Nación, Fernando Herrmann, presentó el plan del Gobierno para modernizar el sector, basado en tres ejes principales: la concesión de 9.154 kilómetros de rutas nacionales por un plazo de 20 años bajo un esquema completamente privado y sin subsidios estatales; la privatización por 50 años de las líneas ferroviarias de carga Belgrano, San Martín y Urquiza para reducir los costos logísticos; y la continuidad de las obras hídricas en el río Salado, destinadas a prevenir inundaciones en 59 municipios.
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