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La Justicia rechazó el pedido de Cristina Kirchner para flexibilizar su prisión domiciliaria

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La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa de la ex presidenta, que buscaba eliminar la tobillera electrónica y ampliar el régimen de visitas.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que la Corte Suprema revisara las condiciones de su prisión domiciliaria.

La presentación buscaba que el máximo tribunal analizara la posibilidad de retirar la tobillera electrónica, ampliar el régimen de visitas y autorizar el uso de la terraza del edificio donde cumple la medida, ubicado en la calle San José 1111.

Sin embargo, el tribunal declaró inadmisible el recurso al considerar que no reunía los requisitos legales necesarios para habilitar la intervención de la Corte Suprema.

El juez Gustavo Hornos sostuvo que la resolución cuestionada no tiene carácter definitivo y afirmó que la defensa no logró demostrar la existencia de un perjuicio irreparable. Además, señaló que las condiciones impuestas para el cumplimiento de la prisión domiciliaria constituyen medidas razonables y susceptibles de ser revisadas por el juez de ejecución.

En la misma línea, el juez Diego Barroetaveña consideró que los planteos de la defensa no evidencian una vulneración concreta de derechos constitucionales, sino que expresan un desacuerdo con decisiones adoptadas por instancias judiciales anteriores.

En disidencia, el juez Mariano Borinsky entendió que el recurso sí planteaba cuestiones constitucionales relevantes. A su criterio, las restricciones vinculadas al uso de la tobillera electrónica y al régimen de visitas podrían afectar derechos fundamentales, como la privacidad, la intimidad y la igualdad ante la ley.

Con esta decisión, se mantienen sin modificaciones las condiciones de la prisión domiciliaria impuestas a Cristina Kirchner en el marco de la condena por la causa Vialidad, que estableció una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La defensa de la ex mandataria aún puede presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema, con el objetivo de que el máximo tribunal revise el caso.

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