El gobernador Hugo Passalacqua instruyó al Fiscal de Estado para iniciar acciones judiciales luego de que la Corte Suprema dejara sin efecto una medida que impedía aplicar la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
El Gobierno de Misiones decidió recurrir a la Justicia para defender los intereses de la provincia frente al nuevo escenario generado por la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales.
El gobernador Hugo Passalacqua instruyó al Fiscal de Estado, Eduardo Duarte, para que inicie las acciones judiciales que considere correspondientes con el objetivo de resguardar los derechos de Misiones sobre su territorio. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1935, firmado el viernes 2 de octubre.
La medida se produjo luego de un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó sin efecto una resolución judicial que había suspendido la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023, disposición que había derogado la Ley 26.737.
La estrategia de Misiones
Passalacqua sostuvo que la provincia buscará defender sus intereses ante eventuales operaciones de adquisición de tierras rurales que puedan afectar el patrimonio provincial.
En el decreto, el Ejecutivo misionero instruyó a la Fiscalía de Estado a ejercer, por las vías judiciales que considere pertinentes, las acciones y defensas necesarias frente a los efectos derivados de la derogación de la normativa nacional.
El gobernador justificó la decisión a partir de las características geográficas y productivas de Misiones. La provincia posee más del 90% de sus límites conformados por fronteras internacionales, principalmente con Brasil y Paraguay, además de una importante superficie de biodiversidad y una economía con fuerte presencia de pequeños productores.
“No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, sostuvo Passalacqua al anunciar la decisión.
Qué cambió con el DNU 70/2023
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía un régimen de protección sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
El artículo 154 del DNU 70/2023 dispuso la derogación de esa legislación. Sin embargo, su aplicación había quedado suspendida por una medida judicial.
El reciente pronunciamiento de la Corte Suprema dejó sin efecto esa resolución cautelar, por lo que el artículo del DNU volvió a quedar vigente.
El máximo tribunal, según aclaró posteriormente, se pronunció sobre una cuestión procesal vinculada con la legitimación de la organización que había iniciado aquella demanda y no resolvió en esa sentencia la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023. También señaló que otras personas o entidades pueden plantear sus propios reclamos judiciales.
Una disputa que vuelve a los tribunales
El Gobierno de Misiones sostiene que el nuevo escenario genera una situación de mayor vulnerabilidad para la provincia y plantea que la eliminación de las restricciones nacionales puede tener consecuencias sobre el control territorial, los recursos naturales y distintos sectores de la economía local.
A partir del Decreto 1935, la Fiscalía de Estado quedó habilitada para actuar ante aquellas operaciones que, según el criterio provincial, puedan afectar los derechos e intereses del Estado misionero.
Misiones se convierte así en una de las primeras jurisdicciones que anunció una estrategia judicial propia frente al nuevo régimen nacional de adquisición de tierras rurales, mientras el debate sobre el alcance del DNU 70/2023 continúa abierto en distintos ámbitos judiciales y políticos.
About The Author
