Más de 30 cámaras y asociaciones que representan al sector de la salud privada advirtieron que el atraso en los aranceles, el aumento de los costos operativos y las deudas acumuladas ponen en riesgo la continuidad de numerosas instituciones. Las entidades reclamaron una respuesta urgente de las autoridades nacionales y alertaron sobre las consecuencias que podría tener una reducción de la atención para el sistema sanitario público.
Las clínicas, los sanatorios y los hospitales privados de todo el país encendieron una nueva señal de alarma por la delicada situación económica y financiera que atraviesa el sector. A través de un reclamo conjunto, más de 30 cámaras y asociaciones solicitaron una audiencia urgente con el Gobierno nacional para acordar medidas que permitan sostener el funcionamiento de las instituciones y evitar un deterioro mayor de las prestaciones médicas.
El pedido cuenta con el respaldo de entidades representativas de la actividad, entre ellas la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS), la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (CONFECLISA), la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA) y Salud Federal.
Las organizaciones sostienen que la combinación de aranceles desactualizados, costos crecientes y obligaciones financieras pendientes compromete la sustentabilidad de numerosas instituciones, especialmente aquellas que brindan servicios a los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI).
El atraso de los aranceles y el aumento de los costos
Uno de los principales puntos del reclamo es la diferencia entre los valores que reciben los prestadores por las prácticas médicas y los gastos que deben afrontar para mantener sus servicios.
Las entidades advierten que los ingresos provenientes de las prestaciones no acompañan la evolución de los costos de insumos, medicamentos, equipamiento, mantenimiento y salarios del personal sanitario. A esa situación se suman las deudas acumuladas y las dificultades para cumplir con los compromisos financieros.
El escenario afecta especialmente a los establecimientos que dependen en una proporción importante de los pagos de PAMI, cuyos aranceles son motivo de reiterados reclamos por parte de clínicas y sanatorios.
Según las organizaciones, la falta de una actualización suficiente de los valores dificulta la planificación económica y limita la capacidad de las instituciones para sostener sus estructuras operativas.
En ese contexto, las cámaras reclamaron una instancia de negociación con funcionarios nacionales que permita establecer soluciones concretas para el financiamiento del sistema privado y garantizar la continuidad de las prestaciones.
El peso de la salud privada en el sistema sanitario
En el documento conjunto, las entidades destacaron la importancia de la medicina privada dentro de la infraestructura sanitaria argentina.
De acuerdo con los datos aportados por el sector, las instituciones privadas concentran el 51% de los establecimientos de salud con internación y el 56% del total de camas disponibles en el país. Además, generan empleo directo e indirecto para más de 330.000 trabajadores y profesionales de la salud.
A partir de esas cifras, los prestadores advirtieron que un cierre de establecimientos o una paralización de actividades tendría consecuencias que excederían al propio sector empresarial.
La reducción de la capacidad de atención privada podría trasladar una parte de la demanda hacia los hospitales públicos, que deberían absorber a pacientes que actualmente reciben asistencia en clínicas y sanatorios.
Las entidades consideran que ese eventual desplazamiento de pacientes podría agravar las dificultades de la red pública, especialmente en las guardias, los servicios de internación y las áreas que requieren equipamiento especializado.
“Necesitamos una instancia de diálogo urgente con el Gobierno para preservar la respuesta sanitaria de millones de argentinos”, señalaron las organizaciones en su planteo conjunto.
PAMI, uno de los principales focos del conflicto
La situación de los prestadores que trabajan con PAMI constituye uno de los ejes centrales de la preocupación. Las instituciones vienen denunciando dificultades para sostener las prestaciones a los jubilados y pensionados debido a la evolución de los costos y al retraso de los valores que reciben por los servicios brindados.
Durante los últimos meses, distintas clínicas del país plantearon la necesidad de revisar los aranceles y los mecanismos de contratación, además de establecer criterios más previsibles para los pagos y las liquidaciones.
En algunas provincias, las dificultades financieras ya derivaron en anuncios de restricciones de determinadas prestaciones para los afiliados de la obra social. Las instituciones advirtieron que, si no se encuentran alternativas de financiamiento, podrían profundizarse las limitaciones en la atención.
El reclamo actual busca evitar que el problema se extienda y comprometa la capacidad de respuesta de establecimientos que cumplen un papel importante en la atención de millones de personas.
Las entidades también señalaron que la continuidad de las obligaciones salariales representa una preocupación creciente. Los gastos asociados al personal constituyen una parte sustancial del presupuesto de las instituciones, por lo que la falta de ingresos suficientes reduce el margen para afrontar otros costos esenciales.
El Gobierno todavía debe definir una respuesta
El pedido de audiencia se suma a otras gestiones realizadas durante el año por las organizaciones que representan a los prestadores privados. Los reclamos anteriores no lograron, según sostienen las cámaras, una solución definitiva a los problemas de financiamiento.
Dentro del oficialismo, las expectativas están puestas en una respuesta del ministro de Economía, Luis Caputo, quien había comprometido gestiones para aportar fondos y evitar que el conflicto escalara. Sin embargo, hasta el momento no se habría alcanzado una resolución que permita cancelar las obligaciones pendientes y dar previsibilidad a las instituciones.
Las entidades buscan abrir una mesa de diálogo con capacidad de decisión para analizar alternativas que contemplen la actualización de los aranceles, mecanismos de financiamiento y medidas que alivien la presión económica sobre clínicas y sanatorios.
El objetivo es evitar que la crisis financiera se traduzca en cierres, pérdida de puestos de trabajo o interrupciones en la atención médica.
Mientras esperan una convocatoria oficial, los prestadores advierten que la continuidad del sistema depende de una respuesta que permita reducir la brecha entre los ingresos y los costos. La evolución de las negociaciones será determinante para establecer si se alcanza un acuerdo que garantice la actividad de las instituciones privadas y evite una mayor presión sobre los hospitales públicos.
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