La Justicia todavía no allanó la Clínica Ceni en el marco de la investigación por la muerte de una jubilada que fue hallada sin vida en la vereda del sanatorio en mayo, por lo que el abogado de la familia pidió una reunión con la fiscalía para acelerar la causa.
El letrado Dante Morini dijo que la causa está virtualmente paralizada, a pesar de que la familia pidió en junio el allanamiento de la clínica para secuestrar la Historia Clínica, los videos de la cámara de seguridad y tomarle declaración a pacientes y a empleados que trabajaron en la noche de la tragedia.
María Inés Beltrán era paciente de PAMI. Como muchos jubilados, fue trasladada el jueves 27 de mayo a la Clínica Ceni de Andrés Baranda Nº 1085 por los dolores abdominales que venía sufriendo.
«Los médicos diagnosticaron cálculos en la vesícula y se programó una intervención quirúrgica para el día lunes», había explicado Morini unos días después.
«Los hijos de María Inés la vieron por última vez el sábado al mediodía, durante los 20 minutos que les son permitidos por protocolo. Según ellos estaba de buen ánimo. Más temprano los familiares y amigos habían donado sangre para cumplir con el requerimiento médico a fin de asegurar la intervención programada», dijo el letrado.
Sin embargo, «el domingo 30 a la madrugada, personal policial de la comisaría tercera se comunica con los hijos para pedirles que se presenten de manera inmediata en la clínica sin explicarles los motivos. Cuando llegan a nosocomio encontraron a la madre fallecida, tendida en la vereda, tapada con una frazada. Los efectivos policiales les informaron que su madre cayó de la ventana de la habitación y falleció en forma inmediata».
A raíz de los acontecimientos «los hijos desconfían de las causales de muerte, no saben qué pasó, ni tuvieron una explicación de parte de las autoridades de la clínica».
Cuando el caso tomó trascendencia nacional, Ceni argumentó en un comunicado que la mujer cayó al «descolgarse» de la ventana, pero no dio más detalles del trágico suceso. Trascendieron desde la clínica versiones que indicaban que la abuela no quería estar internada, pero se trata de comentarios anónimos que este diario desestimó.
«Pedimos un allanamiento a la clínica, el secuestro de la Historia Clínica, los partes de Enfermería y que se identifique a todas las personas que estaban internadas esa noche porque queremos que se les tome declaración testimonial a los fines de saber si escucharon o vieron algo», había informado en junio el letrado.
En el mismo sentido, el abogado informó que «estamos pidiendo que se secuestren las cámaras de seguridad, que la clínica no aportó», para saber si efectivamente la abuela se arrojó por la ventana, como argumentaron las autoridades del sanatorio privado.
Casi cinco meses después, la causa no avanzó. Por eso la el abogado pidió una reunión con la fiscalía para insistir con la necesidad de contar con las pruebas que podrían esclarecer los hechos que terminaron con el fallecimiento de la jubilada.
