La Justicia federal avanza en una investigación por supuestas irregularidades en la provisión de alimentos para presos del penal de Ezeiza y ordenó un procedimiento clave en las oficinas de Fernando Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
El allanamiento fue dispuesto por el juez federal Federico Villena en el marco de una causa que indaga una presunta red de cartelización en las licitaciones del servicio de catering para cárceles federales. La pesquisa se centra en la entrega de raciones deficientes o directamente no aptas para el consumo, con posibles vínculos entre funcionarios y empresas proveedoras.
Martínez, quien ocupa el cargo desde el inicio de la actual gestión nacional en 2024, es el principal investigado en el expediente. Durante el procedimiento se produjo un momento de fuerte tensión cuando los funcionarios judiciales solicitaron su teléfono celular.
El director del SPF entregó un dispositivo que, según afirmó, no utilizaba con frecuencia, y sostuvo que su teléfono de uso diario se había extraviado esa misma mañana. Sin embargo, un peritaje ordenado de urgencia reveló que el celular “perdido” registró actividad apenas una hora antes de la llegada de la policía a las oficinas, ubicadas en el barrio porteño de Barracas.
Ante esta situación, los investigadores sospechan que Martínez pudo haber sido alertado con antelación sobre el allanamiento, lo que le habría permitido deshacerse del aparato que contendría información relevante para la causa.
La investigación judicial busca determinar si existió un acuerdo ilícito entre funcionarios del SPF y un grupo reducido de empresas para monopolizar el suministro de alimentos en las cárceles federales. Las reiteradas denuncias por comida en mal estado fueron el punto de partida de un expediente que ahora alcanza a la cúpula del organismo.
