No fue un jueves sencillo para el círculo de confianza que rodea al presidente Javier Milei. El plan legislativo no funcionó como esperaba el oficialismo y los reveses superaron a los aciertos.
El Gobierno logró finalmente la aprobación de un Presupuesto calificado internamente como “caro”, que no excluye el financiamiento universitario ni el gasto derivado de la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, y además quedó expuesto a una encerrona legal. Los asesores jurídicos del Ejecutivo, encabezados por María Ibarzabal Murphy, del equipo de Santiago Caputo, tienen la misión de resguardar la firma presidencial, pero también de evaluar escenarios futuros ante eventuales denuncias por mal desempeño en la función pública.
En ese marco, se abre un interrogante clave: ¿hay margen para seguir vetando el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, o dejar correr el mandato del Congreso sin intervenir? En el ámbito penal, varios abogados advierten que podrían surgir causas contra secretarios, ministros e incluso contra el propio Presidente por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Justicia, señalan, suele llegar después de la gestión.
Al traspié presupuestario, que derivó además en una crisis con el PRO por el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación, se suma el malestar por la postergación del debate parlamentario de la reforma laboral. La iniciativa apunta a desarmar el entramado legal construido por el peronismo desde la década del ’40, uno de los objetivos centrales del ideario libertario.
Quienes conocen el pensamiento de Milei y del ministro Federico Sturzenegger sostienen que la obsesión del Gobierno es desarticular la arquitectura jurídica sobre la que se asentó el modelo peronista de relaciones laborales. Desde la óptica libertaria, la concepción peronista del derecho habría entrado en contradicción con el principio liberal de “generalidad” de la ley, que postula que las normas deben ser iguales para todos, sin privilegios ni distinciones.
El peronismo impulsó una extensa red de estatutos laborales —como el del periodista— que establecieron regímenes jurídicos diferenciados por actividad, un esquema que fue consolidado con la Constitución de 1949, derogada en 1955 tras la Revolución Libertadora. Sin embargo, ese andamiaje normativo sobrevivió en el tiempo y es el que hoy busca desarticular la administración Milei.
El proyecto de reforma laboral enviado al Senado incluye, hacia el final del texto, la derogación de la ley 12.908, sancionada durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón en diciembre de 1946. Al analizar ese período, el periodista Carlos Mira señaló que Perón dictó más de 16.300 decretos en apenas cinco meses, muchos de los cuales crearon estatutos profesionales para casi todas las actividades existentes.
Bajo ese paraguas legal, se desarrollaron negocios vinculados a abogados, cámaras empresarias y gremios, que derivaron en sectores con altos niveles de protección frente a una gran masa de trabajadores informales que, en las últimas décadas, no logró incorporarse al mercado laboral formal.
Para Milei, modernizar la legislación implica poner fin a una estructura jurídica que moldeó al país durante más de setenta años. Sin embargo, esa ambiciosa reforma no prosperó y recién volvería a discutirse en febrero.
Otro de los proyectos clave del oficialismo es la denominada “regla fiscal”. La iniciativa, uno de los pilares del programa de La Libertad Avanza, proponía sanciones penales —incluida la prisión— para funcionarios, legisladores y autoridades del Banco Central en caso de incurrir en déficit fiscal.
La propuesta apuntaba a castigar con el máximo rigor a quienes, desde la función pública, malgasten recursos del Estado. No obstante, el proyecto fue recibido con escepticismo en el Congreso. La falta de entusiasmo quedó en evidencia durante la sesión del 18 de diciembre, cuando la discusión se postergó hasta el final y el recinto mostró bancas vacías, incluso de sectores oficialistas y aliados.
El fracaso de la sesión por el Presupuesto, que consolidó el financiamiento universitario y el gasto en discapacidad —limitando la capacidad del Ejecutivo de vetar esos puntos— relegó aún más el debate sobre la regla fiscal, que terminó sin respaldo político y sin perspectivas inmediatas de avance.