Buenos Aires, 10 de abril — La situación del PAMI atraviesa un momento crítico en distintas regiones del país, con jubilados que ya deben pagar consultas médicas, demoras prolongadas en estudios y una creciente restricción en la atención, producto de problemas financieros que afectan a la mayor obra social pública, con más de 5,4 millones de afiliados.
En localidades bonaerenses como Olavarría, Azul y Bolívar, los afiliados comenzaron a abonar de su bolsillo las consultas con médicos de cabecera. En tanto, en Córdoba, pacientes de Marcos Juárez deben trasladarse hasta Villa María tras el cierre del Sanatorio Sudeste, en un contexto de colapso del sistema de atención.
Desde fines del año pasado, el organismo dejó de pagar regularmente a clínicas, sanatorios y hospitales privados, lo que derivó en cupos para estudios diagnósticos y turnos con demoras de hasta cuatro meses. Frente a esta situación, profesionales de la salud resolvieron atender a los afiliados como pacientes particulares hasta que se regularicen los pagos.
El circuito que enfrentan los jubilados se volvió cada vez más complejo: tras recibir una orden médica, deben gestionar turnos que muchas veces no se concretan por falta de cupo. “El afiliado tiene que volver al PAMI para conseguir una autorización especial”, explicó Susana Núñez, secretaria de Finanzas de la seccional 6 del gremio UTI. En este esquema, solo los casos oncológicos o prequirúrgicos tienen prioridad, mientras que el resto queda en lista de espera.
Deuda, recortes y tensión con prestadores
La deuda con prestadores privados asciende a unos $500 millones, en un escenario de desfinanciamiento atribuido a la interrupción de transferencias desde el Tesoro Nacional. A esto se suma el reclamo de clínicas y sanatorios por aranceles congelados desde hace tres años, en un contexto de aumento sostenido de costos.
El conflicto también impacta en la provisión de insumos y servicios. Desde ATE denunciaron faltantes de elementos básicos de fisiatría y la implementación de cobros indebidos —“plus” y aranceles diferenciados— en distintas prestaciones.
Las negociaciones entre el titular del organismo, Esteban Leguízamo, y las cámaras del sector privado no lograron avances, y el desenlace dependerá de la reunión prevista entre los ministros Luis Caputo (Economía) y Mario Lugones (Salud).
Estimaciones privadas señalan que el área económica le adeudaría al organismo alrededor de $1,40 billones, lo que compromete su funcionamiento frente a un presupuesto proyectado de $10,17 billones para 2026.
Denuncias, auditorías y recortes de personal
En paralelo, el organismo atraviesa auditorías internas y denuncias por presuntas irregularidades. La ex funcionaria Viviana Aguirre apuntó a supuestos sobreprecios en diversas áreas, mientras que el Gobierno nacional designó a María Florencia Zicavo como nueva síndico del Instituto.
El ajuste también alcanzó a la estructura operativa: desde enero se registraron unos 230 despidos en distintas dependencias del país, sumados a cerca de 1.400 cesantías en el ámbito del Ministerio de Salud. Según la conducción del organismo, se trata de una reorganización para optimizar recursos, aunque los gremios advierten que pone en riesgo la capacidad de atención.
En este contexto, la crisis del PAMI impacta de lleno en uno de los sectores más vulnerables de la población, con un sistema cada vez más tensionado y con dificultades para garantizar prestaciones básicas en tiempo y forma.
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