El gobierno oficializó una controvertida medida impulsada por Javier Milei, consistente en la implementación de vouchers educativos para subsidiar a colegios privados. A través de la Resolución 61/2024, se establece un programa destinado a «subvencionar la demanda y no la oferta», con el objetivo de evitar que los alumnos deban cambiar de institución educativa debido al aumento en el costo de la matrícula o las cuotas mensuales.
Esta medida resulta llamativa dado que fue el propio Gobierno quien decidió desregular el valor de las instituciones privadas, lo que llevó a un incremento significativo en los costos escolares. No obstante, la resolución atribuye la necesidad del programa a la «situación económica heredada» y busca asistir a familias cuyos hijos asisten a instituciones privadas que reciben aporte estatal, garantizando la permanencia de los alumnos en dichas instituciones.
Los vouchers educativos consisten en un subsidio directo temporario otorgado a las familias que envían a sus hijos a escuelas privadas con al menos 75% de aporte estatal, siempre que el ingreso familiar no supere siete salarios mínimos vitales y móviles. Este subsidio cubrirá el 50% del valor de la cuota programática de jornada simple de cada nivel educativo.
Aunque la medida fue anunciada como una forma de promover la igualdad educativa, surgen interrogantes sobre su viabilidad y eficacia para aliviar la carga financiera de la clase media. Además, aún no se han especificado los procedimientos que las familias deberán seguir para acceder a este subsidio. En resumen, esta medida evidencia una clara intención de desfinanciar la educación pública, en contraste con el apoyo otorgado a la educación privada.
