La iniciativa impulsada por el Gobierno enfrenta resistencias de la oposición y de bloques aliados, que piden más tiempo de análisis y advierten problemas de constitucionalidad. No se descarta que vuelva a comisión o que fracase por falta de quórum.
La sanción del proyecto de Ley de Compromiso y Estabilidad Fiscal y Monetaria quedó seriamente comprometida en la Cámara de Diputados tras una ola de cuestionamientos provenientes no solo de la oposición, sino también de sectores aliados al oficialismo, según confiaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.
La iniciativa, que ya cuenta con dictamen de comisión, propone impedir la sanción de leyes que no tengan financiamiento asegurado y establece penas de prisión de hasta seis años para los funcionarios que incumplan esas disposiciones, un punto que generó especial rechazo en el recinto.
El proyecto fue rechazado de plano por Unión por la Patria, la izquierda y Provincias Unidas, mientras que legisladores del PRO y la UCR manifestaron reparos técnicos y políticos. En ese contexto, no se descarta que la sesión termine sin quórum —ya que el tema figura al final del temario— o que un grupo de diputados solicite que la iniciativa vuelva a comisión.
Desde el radicalismo, el diputado Lisandro Nieri reconoció la importancia de avanzar en reglas de orden fiscal y monetario, pero advirtió que el texto requiere un debate más profundo. “Está claro que debemos dejar estos principios por escrito, pero esta ley necesita un trabajo más serio y más tiempo de análisis”, sostuvo.
En la misma línea, la diputada Karina Banfi fue más dura y cuestionó la constitucionalidad del proyecto. “No respeta la división de poderes, delega atribuciones propias del Congreso al Poder Ejecutivo y crea tipos penales que no resisten un análisis jurídico serio”, afirmó.
Ayer, además, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó que la iniciativa también sea girada a la comisión de Legislación Penal, al considerar que introduce modificaciones al Código Penal sin el tratamiento correspondiente.
Los puntos más polémicos del proyecto
Entre los artículos centrales, el proyecto establece que queda prohibida la sanción de un presupuesto con resultado financiero deficitario y habilita sanciones penales severas para los funcionarios que violen las normas de equilibrio fiscal.
En ese sentido, fija penas de uno a seis años de prisión para quienes incumplan la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.
Asimismo, otorga amplias facultades al jefe de Gabinete, quien podrá aplicar ajustes presupuestarios automáticos si durante la ejecución del presupuesto se detecta una caída de ingresos o un aumento de gastos que ponga en riesgo el equilibrio fiscal.
El texto también dispone que cualquier ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto solo podrá entrar en vigencia cuando esas partidas estén incorporadas expresamente en una futura ley de presupuesto, salvo que se garantice el financiamiento con recursos “concretos, específicos, actuales y suficientes”.
Otro punto controvertido es que establece la nulidad de toda norma que sea sancionada en violación a las disposiciones de esta ley.
Además, exige que todos los proyectos legislativos cuenten con un informe de impacto presupuestario de mediano plazo, elaborado por el Ministerio de Economía en el caso de iniciativas del Poder Ejecutivo y por la Oficina de Presupuesto del Congreso para los proyectos parlamentarios.
Con este escenario, el futuro del proyecto aparece incierto y su tratamiento podría postergarse, en una nueva señal de las dificultades del Gobierno para avanzar con iniciativas de alto impacto institucional en el Congreso.
