Imputan a internos de unidad de Benito Juárez por secuestros

Siete presos del penal bonaerense de Benito Juárez quedaron imputados por integrar una banda que desde la unidad penitenciaria se dedicaba a perpetrar secuestros virtuales perjudicando a vecinos de la zona norte del conurbano.

Por estos hechos cobraron miles de pesos, dólares y euros con la ayuda externa de sus mujeres, informaron ayer fuentes judiciales.
La investigación, encabezada por el fiscal Claudio Scapolán, del Area Ejecutiva de Investigaciones Criminales de la Fiscalía de San Isidro, y por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de ese distrito, terminó con siete presos notificados de su imputación en esta nueva causa y con dos mujeres, que intervenían en el cobro de los rescates, detenidas.
Los siete reclusos acusados de formar la banda fueron identificados por las fuentes como Lucas Maximiliano Gómez, Juan Víctor Herrera, Joshua Manuel Cachafeiro, Cristian Nicolás Muniz Prieto, Pablo Jesús Netor Castell, Mario Alberto Sánchez y Pablo Nicolás Van Lierde.
Todos ellos fueron imputados por «asociación ilícita y extorsión» y están alojados en la Unidad 37 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), con asiento en Barker, partido de Benito Juárez.
Según la investigación, desde ahí y con teléfonos celulares que tenían escondidos en sus calabozos, cometieron varios secuestros virtuales en la zona norte del Gran Buenos Aires, en particular en Vicente López y San Isidro.
El fiscal Scapolán estableció hasta el momento por intermedio de escuchas que Netor Castell era el cabecilla de la organización ya que se encargaba de conseguir los celulares y los chips desde los cuales se hacían los llamados extorsivos.
Además, el acusado determinaba quiénes tenían que realizar cada llamado y quién debía ser la persona encargada de cobrar el dinero exigido. Según las fuentes, los otros seis presos fueron imputados como presuntos miembros de esta asociación ilícita ya que se hacían pasar por efectivos policiales que les aseguraban a sus víctimas que algún familiar tuvo un accidente de tránsito, por lo que necesitaban los datos de la cobertura médica para su atención.

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