Una sala de los Tribunales Penales de Quilmes debió ser adecuada especialmente para el juicio que comenzó ayer donde se juzga a 42 imputados de haber provocado destrozos, incendiado autos, generado daños en una sede gremial y lesionado a siete personas en la seccional de la UOCRA de Florencio Varela años atrás. Del total de los procesados, que llegan al debate todos en libertad a excepción de uno que tiene monitoreo electrónico, 29 asistieron ayer a la sede de Yrigoyen 475 y 13 no lo hicieron. En consecuencia estos últimos fueron declarados en «rebeldía» y pesa sobre ellos un pedido de captura por parte del Tribunal Oral Nº 3.
En todos los testimonios de la primer jornada quedó expuesta una fuerte disputa entre las regionales de Varela y Lomas de Zamora; todos los declarantes en su mayoría víctimas que fueron atacadas en la sede de la Avenida San Martín hicieron referencia al «Lobizón» Leguizamón, exsecretario general del sindicato de Lomas de Zamora que a la actualidad está prófugo de la justicia ya que es buscado por otra causa donde está imputado por el homicidio de Darío Avalos, un albañil quilmeño asesinado por la patota de Lomas años atrás.
«Llegaron en un camión y sin mediar palabras gritaban «los vamos a matar a todos». Ahora manda el Lobizon Leguizamon» fue la frase recurrente de todos los convocados a la sede penal en la víspera. Uno de los testigos recordó que fue atacado de manera tal que debió estar internado por más de una semana debido a la cantidad de politraumatismos que tenía en su cuerpo.
La fiscal que tiene a su cargo la acusación es la doctora María Oricchio mientras que los encausados son patrocinados por el defensor oficial, José María Mastronardi; además de los letrados particulares, Gustavo Julio; Daniel Mazzocchini; Juan Manuel Risi y Amilcar Carlos Chiodo.
Seguridad
El frente de los Tribunales Penales estuvo vallado para prevenir la posibilidad de alguna manifestación que se pudiera dar por alguna columna del sindicato de los trabajadores de la construcción que suma con estos hechos un capítulo más a las causas que se han venido conociendo que tuvo como protagonista al secretario general de La Plata, Juan Pablo «Pata» Medina y que expuso una enorme cantidad de maniobras que son investigadas por la Justicia de parte de los responsables de la UOCRA.
Los jueces Alicia Anache, Alejandro Portunato y Edgardo Salatino pasaron a un cuarto intermedio hasta la semana próxima cuando sigan declarando los testigos que han sido convocados.
Hubo 29 imputados en la sala de juicio de la sede de
Yrigoyen Nº 475 y 13 fueron declarados en rebeldía
Los convocados a sentarse en el banquillo de los acusados en la primer jornada de audiencias de producción de prueba fueron 42 ciudadanos, de los cuales solo se presentaron Roberto Hernán Rubio; Carlos Martín Ramón Solís; Alejandro Fabián Rivero; Kevin Daniel Ojeda; César Leonardo Dennet; Manuel Enrique Fernández; Yonatan Arturo Chilese Cardozo; Daniel Nelson Ayala; Manuel David Correa; Emmanuel Leandro Benítez; Juan Carlos Cordero; José Ricardo Núñez; Juan Pablo Servin; Reinaldo Rodrigo Romero; Fernando Elías Rivero; Pablo Martín Rodríguez; Nelson David López; Sergio Miguel Gómez; Fabién Omar Sinero; Gustavo Cristian Castillo; Hugo Daniel Aldao; Federico Javier Erazo; Mario Samuel Peña; Matías David Ponce; Ezequiel Damián López; Martín Ezequiel Devincenzi; Javier Alejandro Ojeda y Sergio Omar Sosa. Asimismo, hubo procesados que no se presentaron a la requisitoria de la Justicia, situación que provocó que el Tribunal Oral Criminal Nº 3 los declare en «rebeldía» y a partir de ahora tienen pedido de captura. Los ausentes fueron Cristian Carlos Burgos; Jonas Emanuel Demassi; Miguel Andrés Reynoso; Luis Alberto Coronel; Pablo Martín Montoya; Adrián Pablo Gutiérrez; Claudio Adrián Núñez; Miguel Fernández Ramírez; Rubén Ariel Peña; Esteban Ezequiel Ayunta; Alejandro Adrián Núñez; Braian Damián Anselmo y Juan Carlos Quiñónez.
El imputado se considera en rebeldía cuando no comparece a una citación sin justificación, se fuga del establecimiento donde está detenido o se ausenta de su domicilio real con el propósito de sustraerse al procedimiento, ya que desde su primera intervención, el imputado deberá denunciar su domicilio real y procesal.
