Tamara Blanco, alias La Cheta, junto a otros imputados deberán ir a juicio acusados de formar parte de una «asociación ilícita» que marcaba viviendas de abuelos que luego eran robadas y que operaban principalmente en la Zona Sur del Conurbano, principalmente en Berazategui. Así se determinó en la víspera, en la Oficina de Sorteos se fijó que el Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Quilmes, integrado por las doctoras Marcela Vissio, Florencia Butiérrez y Julia Rutigliano llevará adelante el proceso que derivará en un juicio oral para la joven que el año pasado se recibió de licenciada en la universidad.
Todos los imputados llegarán a juicio en libertad y la fiscal que tendrá a su cargo la acusación será la doctora María de los Angeles Attarian Mena. Fue famosa años atrás, conocida como La Banda de La Cheta; las pruebas fueron diversas, escuchas telefónicas, allanamientos que permitieron desarticular a la organización que operaba en la región y otros puntos del Conurbano, que tenía como víctimas a adultos mayores.
Fue el juez Damián Vendola que había dictado la prisión preventiva para La Cheta Blanco, su novio Emmanuel Matías García, Omar Federico Ibarra y otros cinco acusados: Nahuel Perata, Gastón Alba, Claudio Stonge, Martín Van Kemenade, Lucas Hildebrant, Ana Gana, José Lucas Matilla y Mariano Ruciechi, entre otros, por distintos robos cometidos bajo una misma modalidad.
De acuerdo a la pesquisa, a la universitaria Blanco se le atribuía el rol de «marcar» las casas de algunas de las víctimas que residían en la zona de Quilmes y Berazategui. Todos ellos irán a juicio oral a cargo del TOC 1.
La banda elegía días de lluvia para consumar los asaltos, en horario de madrugada y utilizaban herramientas para abrir las ventanas y reducían a los moradores para comenzar a robar los objetos de valor que encontraban.
En las escuchas telefónicas se había comprobado que «Ema» García hablaba con otros imputados sobre la supuesta planificación de los robos, los «tíos» (abuelos) que debían asaltar y los «paquetes» (botines) obtenidos en los robos. A los encausados se les atribuyen diversos hechos y existe numerosa prueba que comprometería su situación procesal de cara al debate oral y público.
