La tarde del miércoles pasado, Gabriel Horacio Famulari, estudiante de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), vivió una experiencia dramática al ser detenido durante una marcha contra la controvertida Ley Bases, recientemente aprobada por el Senado de la Nación. Junto a otras diez personas, Gabriel fue arrestado, lo que desató una ola de apoyo por parte de la comunidad universitaria y defensores de los derechos humanos. Afortunadamente, anoche la justicia ordenó su liberación por falta de mérito.
Durante la protesta, las calles de Buenos Aires se vieron inundadas de manifestantes oponiéndose enérgicamente a la Ley Bases. Gabriel, conocido por su activismo y compromiso social, participaba en la manifestación. Lo que comenzó de manera pacífica se tornó caótico cuando las fuerzas policiales intervinieron violentamente. Gabriel fue arrestado en medio de este caos, acusado de participar en actos violentos, una acusación rápidamente desmentida por imágenes en vivo transmitidas por América 24.
La jueza encargada del caso, después de revisar las pruebas y las filmaciones proporcionadas por América, dictaminó la falta de mérito para Gabriel y los otros diez detenidos. La falta de mérito implica que no hay pruebas suficientes para justificar las acusaciones. Esta resolución permitió la liberación inmediata de Gabriel y los demás detenidos, aunque deberán presentarse en sede judicial en las próximas 48 horas para firmar el acta correspondiente.
La resolución judicial también solicitó colaboración para acceder a registros fílmicos adicionales. En el caso de Gabriel, las imágenes de América 24 fueron fundamentales. En ellas se puede ver claramente que Gabriel no estaba participando en actos violentos, sino que defendía a personas en situación de calle que eran atacadas por la policía.
La liberación de Gabriel llegó en un momento crucial. El lunes por la tarde, Plaza de Mayo fue el escenario de una masiva movilización donde familiares de los detenidos, junto a cientos de personas de distintos sectores políticos, gremiales, sociales y de derechos humanos, exigieron la liberación de los arrestados. La presión social fue determinante para que la justicia reconsiderara las acusaciones infundadas.
Las detenciones arbitrarias de estudiantes y activistas no solo vulneran sus derechos, sino que también desafían los principios democráticos que deben prevalecer en nuestro país.
La comunidad universitaria de la UNAJ, junto con organizaciones de derechos humanos, continuará luchando para que situaciones como esta no se repitan. La defensa de los derechos y libertades fundamentales es una responsabilidad colectiva, y la justicia debe ser su principal garante.
