El Procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, puso en vigencia un nuevo y estricto código de éticapara los fiscales bonaerenses, quienes a partir de ahora no podrán recibir regalos, ni ellos ni sus parientes directos, por el ejercicio de su función, ni tampoco participar de actos políticos. Además, la resolución general N° 32/19) los obliga a presentar su declaración jurada de bienes.
La resolución fija estándares a cumplir por parte de los funcionarios: «El actuar debe promover la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, así como la rendición de cuentas y el acceso a la información pública».
Conte Grand lanzó este nuevo código de ética luego de la detención del fiscal Tomás Morán quien colaboraba con una banda de delincuentes vinculadas al ex juez bonaerense César Melazo.
Otro de los puntos centrales es el deber de presentar y actualizar la Declaración Jurada Patrimonial en tiempo y forma. Como así también, ejercer su labor libremente, sin presiones, amenazas o interferencias y eludir los conflictos de intereses.
El cuarto capítulo es categórico, menciona las prohibiciones expresas de la ética judicial: «Los miembros del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires no deben recibir dádivas, regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones. Esta prohibición se extiende a los ascendientes, los descendientes y el cónyuge o conviviente». Otra de las prohibiciones es sobre las reuniones políticas: «No deben participar en actos o reuniones de índole político partidario, evitando pronunciarse públicamente acerca de su filiación política o afinidad».
En este sentido, el Código de Ética tiene como objetivo «avanzar hacia la excelencia en la prestación del servicio de justicia». Los principios y prohibiciones están enunciados «a fin de recomponer la imagen y la confianza que en él han de depositar los ciudadanos», en el Poder Judicial.
Finalmente, se designa a la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires como autoridad de aplicación del «Reglamento Disciplinario», en caso de que se inicien procedimientos para evaluar el cumplimiento del código y las normativas y eventual se apliquen sanciones.
