Los abogados que ejercen la mediación en la Provincia han expresado su malestar a partir del decreto que se publicó en el Boletín Oficial y que modifica la ley que rige al respecto y habilita que cada Colegio de Abogados disponga o no “las mediaciones voluntarias”.
“Esto provocaría una reducción en los honorarios”, expresó a este medio uno de los profesionales consultados. “Ahora serán montos fijos, ya que no se considera el tema inflacionario; mientras que antes era en jus (valor de remuneración para los abogados)”; enfatizaron.
Además criticaron que “las mediaciones voluntarias están establecidas en la ley pero no se reglamentaron hasta este decreto”; esto derivaría según los letrados en que “lo que puede ocurrir es concentración de mediaciones en pocos profesionales”.
En las últimas horas el Gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió reglamentar el proceso de mediación judicial destinado a la resolución de conflictos. La medida fue publicada en el Boletín Oficial bonaerense y firmada por la gobernadora María Eugenia Vidal y los ministros Gustavo Alfredo Ferrari y Federico Salvai.
Asimismo los letrados expresaron que la medida es inconsulta.
Vale recordar que el año pasado los mediadores alzaron la voz cuando hubo un intento de modificar la legislación que derivó en un comunicado del Colproba, rechazando los intentos que se buscaron llevar adelante.
Uno de los puntos que derivó en el rechazo es que “se bajan considerablemente los honorarios; ahora será la Dirección Provincial de Métodos de Resolución Alternativa de Conflictos la que actualice los montos y los modificará de acuerdo a criterios propios, hasta ahora se hacía en forma automática”.
Con el objeto de optimizar la eficacia del proceso de mediación, resulta necesario modificar el régimen establecido por el Decreto N° 2530/10, receptando diversas cuestiones que han surgido en la aplicación efectiva de este mecanismo de resolución de conflictos, luego de trascurridos cinco años desde su implementación», explica la normativa.
Así, según la medida, las modificaciones efectuadas, se inspiran en que el acceso a la justicia constituye un derecho fundamental y garantía indispensable para el ejercicio del resto de los derechos que debe ser fortalecido de manera progresiva.
Adecuación
De esta manera, para el Gobierno bonaerense el Estado debe adecuar sus mecanismos de acceso a la justicia en forma equilibrada, garantizando que los habitantes de esta Provincia no solamente puedan gozar y ejercer sus derechos, sino además, «que sus conflictos sean solucionados adecuada y oportunamente por instancias diferentes a los procesos judiciales en la que se observen conjuntamente los derechos y obligaciones de todos los operadores que participan del proceso de mediación».
Reforma
“En este sentido, durante el proceso de elaboración de esta reforma, fueron consultadas y se aseguró la participación de instituciones académicas, colegios profesionales y analizadas las propuestas de los mediadores que ejercen cada día su profesión, teniendo como eje rector el acceso a la justicia del ciudadano”; dice el decreto de las últimas horas; con respecto a este punto los mediadores remarcan que la “reforma fue inconsulta”.
En tanto, el mediador percibirá por la tarea desempeñada en la mediación una suma fija, cuyo monto, condiciones y circunstancias se establecerán reglamentariamente.
De esta manera, el Gobierno provincial determinó que resulta oportuno proponer una reforma a las escalas vigentes, adecuando la remuneración de los trabajadores mediadores a los parámetros previstos en la normativa que rige la profesión de todos los profesionales.
Asimismo, «resulta conveniente determinar tal suma fija con la posibilidad de ser readecuada, tomando como parámetro objetivo la variación proporcional del último valor del Jus arancelario conforme la fijación establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires», explica la medida que fue el comentario de los profesionales en la víspera a partir que se dio a conocer en el BO.
Además el Gobierno ve necesario unificar las pautas de procedimiento que rigen la mediación voluntaria y obligatoria tales como plazos o el deber de comparecencia.
