Los trabajadores estatales denuncian una nueva ola de despidos en el Estado. Desde el viernes por la tarde, empleados públicos contratados en varias áreas clave del Gobierno nacional comenzaron a recibir avisos de la no renovación de sus contratos, resultando en su desvinculación. Las áreas más afectadas incluyen el Ministerio de Capital Humano, el exministerio de la Mujer, la Secretaría de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había anticipado que alrededor de 50 mil contratos vencerían el 30 de junio. ATE convocó a acciones en todos los organismos de la administración pública nacional. El viernes por la noche, comenzaron a llegar correos electrónicos notificando a los empleados contratados que sus contratos no serían renovados y que debían retirar sus pertenencias el lunes 1 de julio.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, criticó duramente los despidos, comparando la situación con una dictadura y afirmando que se trata de un plan sistemático para desmantelar el Estado. Aguiar liderará hoy las medidas de fuerza en la sede nacional del INTI, en Buenos Aires.
Hasta el momento, ATE ha registrado 2,305 despidos en la Administración Pública Nacional, aunque se estima que podrían llegar a 5,000. Las áreas más afectadas incluyen el Ministerio de Capital Humano, el exministerio de la Mujer, la Secretaría de Derechos Humanos y el INTI. El Ministerio de Capital Humano habría desvinculado aproximadamente a 350 trabajadores, y se espera que este número crezca.
El exministerio de la Mujer, ahora Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, sufrió el despido del 80% de su personal, unos 400 de los 500 trabajadores. Los programas afectados incluyen la línea 144, Asistencia Integral en Femicidios y Travesticidios, Hogares y Refugios, Acompañar, y varios otros.
En la Secretaría de Derechos Humanos, se denunció la desvinculación de 50 empleados contratados y el despido de seis trabajadores bajo la modalidad de «Ley de contrato de Trabajo». La Secretaría, que contaba con 1,050 trabajadores al comienzo de la gestión, se redujo a 870 en enero debido a renuncias. Los despidos actuales afectan principalmente a los Espacios de Memoria, el Archivo Nacional de la Memoria y la CONADI.
Además, el Ministerio de Justicia decidió desplazar a Claudia de Carlotto, hija de Estela Carlotto, quien se desempeñaba como directora nacional de la CONADI.
UPCN, el otro gremio estatal, también está monitoreando la situación y ha convocado a asambleas para exigir explicaciones y acciones para revertir los despidos. Los trabajadores permanecen en estado de alerta y movilización, con posibles acciones previstas para el martes o miércoles.
