Por al menos tres denuncias en Quilmes, La Plata y Punta Indio, la Defensoría del Pueblo bonaerense ha actuado de oficio y ha remitido un pedido de informe al Registro Provincial de las Personas para saber si ese organismo ha negado o demorado documentos de identidad a menores trans. De comprobarse esta situación, habría un incumplimiento de Ley Nacional de Identidad de Género (26.743) y de la Ley de Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Las entidades que iniciaron los reclamos fueron la Asociación Civil Infancias Libres y Abosex. En todos los casos, se trata de menores que, a través de su padres, habían solicitado un cambio de identidad y de género pero no tuvieron éxito, o porque le rechazaban el pedido o porque siempre aparecía una nueva instancia.
Según la recopilación de la Defensoría, el RPP habría argumentado el rechazo diciendo que se debe conformar un equipo multidisciplinario que analice si los menores de 13 años tienen «el grado de madurez suficiente para prestar un consentimiento válido».
El RPP depende del ministro de Gobierno, Joaquín de La Torre, quien queda otra vez en el centro de la polémica por una medida conservadora. En su artículo 5, la 26743, establece que cualquier niña o niño puede acceder al cambio registral si manifiesta querer hacer el cambio de identidad y cuenta con el acuerdo de quienes son responsables de su cuidado y crianza. Es decir, en ningún momento se habla de otra instancia.
«Con relación a las personas menores de dieciocho (18) años de edad la solicitud del trámite a que refiere el artículo 4º deberá ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes», expresa textualmente ese punto.
«Hemos reclamado que nos remitan los fundamentos de las resoluciones respectivas y si las mismas tienen dictamen de organismos competentes como la asesoría legal de Gobierno», dijo Martello, Defensor Adjunto. Para las ONG que motorizan patrocinan a los supuestos damnificados, además «hay varios trámites más cajoneados». «Queremos saber cuál ha sido el criterio científico aparatado de la ley que se estableció para interpretar el no discernimiento de un menor de 13 años respecto a su identidad de género», agregó. Según el recuento del funcionario,»una niña de Quilmes de siete años pidió el cambio de género y nombre en su partida de nacimiento y en el DNI. Lo hizo a través de sus padres, como exige la Ley de Identidad de Género. Unos días más tarde recibieron un sobre con documentación oficial: no era el DNI y la partida de nacimiento de su hija, era una notificación que rechazaba el pedido»
En tanto, «un niño de ocho años de Punta Indio y otro de La Plata también recibieron una notificación de rechazo». Según los argumentos de Martello, es la primera vez en seis años, desde la aprobación y promulgación de la ley, que el Estado le niega a menores de 13 años el derecho a la identidad de género: desde 2013 más de 20 niños y niñas obtuvieron sus DNI con la identidad auto-percibida».
