El fiscal de Juicio pidió ayer prisión perpetua para los cuatro sujetos que están siendo juzgados por el homicidio de la docente jubilada de Ranelagh, Sofía María Sliwa, mientras que la defensa reclamó la absolución y penas menores. El veredicto se conocerá el viernes.
Los detenidos Darío Ezequiel Medina (29 años), Braian Nicolás Ríos, (28 años), Gonzalo Iván Galán (29 años) y Ezequiel Alejandro Andrada (26 años), están siendo juzgados por el asesinato de la docente jubilada Sofía María Sliwa (78 años) y el robo a la vivienda de la víctima ocurrido el 13 de junio de 2018, en calle 136 y calle 30, de la localidad de Ranelagh. Ayer, en el juicio, se escucharon los alegatos de las partes y el viernes a las 14, el Tribunal dará a conocer su veredicto.
Frente a los jueces Rubén Darío Hernández, Alejandro Portunato y Julián Busteros, el primero en alegar fue el fiscal de Juicio, Andrés Nieva Woodgate, que solicitó se condene a los cuatro imputados a la pena de prisión perpetua, por resultar coautores penalmente responsables del delito de “homicidio calificado por ser para facilitar, consumar, asegurar el provecho y lograr la impunidad, en concurso ideal con robo calificado por su comisión en lugar poblado y en banda”. Para Nieva Woodgate, los asaltantes entraron tras romper una reja a la propiedad de Sofía Sliwa y la sorprendieron a ella durmiendo y a uno de sus hijos, Gerardo Vatovec, que también se encontraba en la casa. Los ladrones los atacaron a golpes a ambos, provocándole a la mujer un “paro cardio respiratorio” y escaparon con diversos elementos de valor.
No obstante, subsidiariamente, requirió condenas por ser coautores penalmente responsables del delito de “robo con homicidio resultante u homicidio en ocasión de robo”. En este caso, para Medina pidió 47 años de prisión; para Ríos 30 años de cárcel y 25 años tanto para Andrada como para Galán. El monto del pedido de penas varía debido a que mientras los dos últimos no cuentan con antecedentes penales, Ríos tiene una condena en curso y fue acusado por el representante del Ministerio Público Fiscal de intentar asaltar a cuatro jóvenes el 11 de mayo de 2017 en Quilmes; y Medina además de ser reincidente, fue responsabilizado por el fiscal de ser el autor del “robo calificado por el uso de arma de fuego y violación de domicilio” en Villa Galicia, partido de Lomas de Zamora, ocurrido el 11 de abril de 2019. Una entradera en la que las víctimas, una mujer y su hija recibieron una fuerte golpiza.
Una vez finalizado el alegato del fiscal, fue el turno del abogado Damián Flores Ortigoza, el defensor de Medina, quien reclamó su absolución. “Como prueba de que fue él quien golpeó (a las víctimas) es que cometió un hecho de similares características. Todos los robos son parecidos”, dijo al tiempo que cuestionó la declaración del testigo Diego Sebastián Di Francisco (31 años), que estuvo detenido un mes y medio porque tenía en su poder junto a su hermano, ya fallecido, los dos teléfonos celulares que habían sido robados de la vivienda de Sofía María Sliwa, cuando la asesinaron. Di Francisco había dicho que los teléfonos los había recibido de Darío “El Mono” Medina.
Luego, alegó el abogado Diego Estévez, que junto a Martín Giandoménico, defienden a Ríos. El letrado reconoció que “Ríos pudo haber llegado a tener algunas de las cosas robadas a Vatovec, pero porque él ha comprado cosas robadas no sabemos si a sabiendas o no”. Solicitó su absolución y un cambio de carátula a “hurto simple”.
A su turno, la defensora de Andrada, Melisa Albarenga, reclamó su absolución e insistió en que el televisor que tenía en su casa, robado a la familia Sliwa Vatovec, lo había comprado y desconocía que provenía de un hecho delictivo. “Fue negligente e imprudente ya que debió cerciorarse de su procedencia”, reconoció y pidió que si se lo condena, sea por el mínimo legal previsto para el delito de “encubrimiento agravado”.
Tanto Flores Ortigoza, como Estévez y Albarenga, requirieron a los jueces que sus defendidos “no tuvieron intenciones de matar, en todo caso, de entrar a robar”. Subrayaron que no se trató de una muerte premeditada (la de la docente jubilada de Berazategui), que “no fue un homicidio agravado, sino un homicidio en ocasión de robo”, figura que tiene una pena menor, que va entre los 10 y 25 años de cárcel.
La defensora oficial, Mercedes Bussola, que representa a Galán, no participó de este requerimiento. Sostuvo que su defendido tenía un vínculo de parentesco con Medina, que no se pudo acreditar su responsabilidad en el hecho por lo que pidió su absolución y su inmediata libertad.
