Desde el Parque Industrial de Quilmes y de la Unión Industrial de Quilmes dieron a conocer un comunicado denominado «La conexión quilmeña del ‘renunciado’ Nº 2 de ARBA procesado por defraudación agravada».
«Walter D’Angela, Subdirector Ejecutivo de Recaudación de ARBA quedó procesado en la causa en que se investiga a Cristóbal López. El ex funcionario de la AFIP ocupaba un cargo, desde febrero de 2016,en el organismo recaudatorio provincial».
«Según nos transmite el señor Esteban Testa (secretario de la Comisión Directiva del Parque), desde ARBA, el ‘renunciado’ funcionario trabó relación con dos titulares de parcelas dentro del Parque Industrial de Quilmes (Francisco Delfino y Hector Mingrone), quienes a mediados del año 2017 se propusieron como ‘desarrolladores’ de un proyecto para rellenar ‘las cavas’ lindantes con el Parque. El proyecto consistía en sanear las cavas, recuperar hectáreas para ampliar el Parque Industrial, pagar los impuestos, realizar obras comunitarias y quedarse con 6 Has. Hasta allí, todo razonable».
«A todo esto, desde el año 2016, las autoridades del Parque Industrial y de la UIQ venían solicitando que el impuesto inmobiliario se dividiera en las 141 parcelas reflejadas en el plano aprobado por ARBA, para que cada titular de parcela pudiera pagarlo, de acuerdo al compromiso asumido al comprar las parcelas. D’Angela se había comprometido públicamente a acceder al pedido y rever la valuación retroactiva de mejoras».
«Pero todo cambió, dicen las autoridades del Parque, cuando ‘los desarrolladores’ le hablaron de un negocio inmobiliario. A partir de ese momento el procesado D’Angela exigió el pago completo y actualizado de la deuda, asignada al parque como un único inmueble (estamos hablando de $180.000.000.-)».
«Esta exigencia, de imposible cumplimiento, hizo que las autoridades del Parque iniciaran una acción judicial contra ARBA ante el Juzgado en lo contencioso administrativo Nº 1 de Quilmes».
«En el mes de septiembre de 2018, el proyecto de ‘los desarrolladores’ de sanear las ‘cavas’ derivó en la propuesta de instalar un «basurero contaminante» en el lugar, sujeto a explotación privada. Este lugar de recepción de residuos domiciliarios hubiera puesta en peligro la salud de la población de toda la zona lindante con el Parque Industrial. La propuesta fue rechazada terminantemente por los industriales y la UIQ, quienes presentaron estudios ambientales ante el Municipio, y lograron que se desechara la iniciativa».
«A partir de ese momento se inició una campaña destinada a lograr la renuncia de las autoridades del Parque Industrial y de la UIQ sindicando a ambos presidentes (Carpintero y Castagnini) como culpables de impedir el negocio».
«La publicación de calumnias, las amenazas y los escraches contra ellos y contra todas las autoridades del Parque, se vienen sucediendo desde esa fecha hasta la actualidad».
«También se desarrollaron acciones tendientes a impedir la concreción de un acuerdo con el Municipio de Quilmes para abonar la tasa por servicios urbanos municipales».
«En el orden local el acuerdo se había logrado con el secretario de Hacienda Pablo Zawitowski que mantuvo siempre un sincero diálogo con los contribuyentes. (Lamentablemente este eficiente y probo funcionario ha dejado su cargo)».
«En definitiva, dicen las autoridades del Parque Industrial, existe un pequeño grupo de personas, que no pagan impuestos ni expensas comunes dentro del Parque, que se ponen de acuerdo con funcionarios para impedir el pago de los tributos y la completa regularización del Parque Industrial. Estiman estas personas que un ambiente de incumplimiento y presión de los organismos recaudatorios les permitiría realizar negocios privados».
«Estas conductas por parte de los implicados fue denunciada por la eventual comisión de graves delitos (existe una causa penal en trámite en la Fiscalía Nº 5 de Quilmes por coacción agravada y asociación ilícita, donde se denuncia a los presuntos autores de esa campaña y sus cómplices)».
«Por otra parte, refieren las autoridades del Parque, que resulta absurdo que en la situación económica actual hubiera funcionarios que no facilitaran el pago de los impuestos y pusieran obstáculos para percibirlos».
«Finalmente, manifestaron que esperan poder ahora abonar el impuesto inmobiliario y lograr, además, que el Municipio ratifique un acuerdo para pagar los tributos municipales».
«La situación de D’Angela y sus interlocutores quilmeños ya está en manos de la Justicia».
