El exministro de Transporte bonaerense deberá declarar el 15 de diciembre. Lo investigan por cohecho y negocios incompatibles en el sistema de fotomultas y la VTV.
La causa judicial por presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) sumó un nuevo capítulo: el fiscal Álvaro Garganta citó a declaración indagatoria a Jorge D’Onofrio, exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Axel Kicillof.
D’Onofrio deberá presentarse ante la Justicia el 15 de diciembre a las 10, acusado de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
También fueron convocados los empresarios Sebastián Desio, Martín Hernán Serrano, Germán Rebolo, Leonardo Sclafani, Aitor Reter Aguado, Juan Manuel Funes Bige, Juan Pablo Pesculich y Germán Jorge Neuss, todos vinculados a contrataciones del sistema de VTV.
Una estructura de coimas y desvío de fondos
Días atrás, el Juzgado Federal de Campana procesó a D’Onofrio y dispuso un embargo sobre sus bienes. La investigación se inició el 5 de septiembre de 2024, tras una denuncia que señalaba al exfuncionario y a la concejal Pilar Pombo como líderes de una supuesta estructura criminal con división de roles dedicada a desviar fondos del sistema de multas bonaerense.
Según la acusación, funcionarios de su cartera habrían actuado en complicidad con gestores que ofrecían a infractores descuentos del 50% o directamente la eliminación de multas a cambio de un pago.
Esta maniobra habría generado pérdidas estimadas entre 4 y 10 millones de dólares mensuales a Secutrans, la empresa encargada de administrar las fotomultas en la provincia.
Irregularidades en empresas y contrataciones
La causa también investiga la presunta obligación impuesta a siete empresas para contratar los servicios de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A. para el otorgamiento de turnos de la VTV, con una comisión del 8,5% más IVA por cada operación.
Además, se analizan irregularidades en contrataciones con CECAITRA, asociación civil encargada de administrar ingresos provenientes de cinemómetros instalados en distintos municipios, entre ellos La Matanza, Tigre, Campana, Moreno y Brandsen, donde funcionaban al menos 155 radares.
D’Onofrio renunció a su cargo luego de que la causa cobrara notoriedad pública y fue reemplazado por Martín Marinucci.
About The Author
