El Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27.801 mediante el Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina. La norma establece un nuevo marco legal para el tratamiento de adolescentes que cometen delitos.
Entre los cambios centrales de la reforma se destaca la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, lo que permitirá que adolescentes de 14 y 15 años puedan ser procesados penalmente cuando cometan delitos tipificados en el Código Penal.
El nuevo régimen establece además penas graduadas según la edad del menor y las características del delito, con el objetivo de combinar sanción penal y medidas socioeducativas orientadas a la reinserción social.
Cómo fue la aprobación en el Congreso
Durante el período de sesiones extraordinarias del 27 de febrero, el Senado de la Nación Argentina aprobó la iniciativa con 44 votos a favor y 27 en contra, luego de que el proyecto ya contara con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.
Con esa votación, el oficialismo de La Libertad Avanza logró convertir en ley una de sus principales propuestas en materia de seguridad.
Cambios durante la negociación
Originalmente, el Gobierno había impulsado un proyecto que fijaba la edad de imputabilidad en 13 años. Sin embargo, durante la negociación parlamentaria con bloques dialoguistas se acordó elevar el límite a 14 años para garantizar los votos necesarios en el Congreso.
Ese acuerdo permitió sumar el respaldo de espacios como el Propuesta Republicana y la Unión Cívica Radical, que consideraron ese límite más alineado con la legislación vigente en la mayoría de los países de la región.
Cómo funciona el nuevo régimen
El sistema prevé que las penas privativas de libertad no superen los 15 años para los menores de edad, y que la detención sea una medida excepcional aplicada principalmente en delitos graves como homicidios, secuestros o abusos sexuales.
Para delitos menos graves, la ley contempla medidas alternativas, como advertencias judiciales, trabajos comunitarios, restricciones de acercamiento a la víctima o programas de seguimiento socioeducativo.
Con esta reforma, el Gobierno busca reemplazar el régimen de minoridad vigente desde 1980 y establecer un sistema penal juvenil con mayor responsabilidad penal para adolescentes, aunque la iniciativa generó debate político y críticas de organismos de derechos humanos y especialistas en niñez.
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