Trabajadores nucleados en ATE realizaron dos paros nacionales bajo la modalidad “a la japonesa” en la Superintendencia de Servicios de Salud y denunciaron que el organismo “cajonea” expedientes vinculados a prestaciones médicas urgentes, en un contexto que exponen como un fuerte deterioro en la respuesta del Estado ante reclamos sanitarios.
Desde el gremio apuntaron directamente contra el titular del organismo, Claudio Stivelman, y advirtieron que se trata de trámites “que deberían resolverse con urgencia por tratarse, en muchos casos, de prestaciones médicas críticas”.
La medida impulsada por la junta interna consistió en intensificar la atención al público durante ambas jornadas de protesta, lo que permitió optimizar el servicio y acelerar la resolución de reclamos. Según explicaron, la modalidad buscó visibilizar la función esencial que cumplen los trabajadores del organismo.
“Elegimos esta forma de protesta para concientizar sobre la importancia de nuestro rol en la protección de la salud, porque nos sentimos responsables de cuidar y garantizar los derechos de las y los beneficiarios. Y lo haremos cada vez que haga falta”, señalaron a través de un comunicado.
Rechazo al sistema PROMESA
El conflicto también se enmarca en el rechazo sindical a la implementación del sistema de mediación prejudicial no obligatoria denominado PROMESA, una iniciativa que —según ATE— desvirtúa el rol de la Superintendencia.
Desde el gremio sostienen que el mecanismo traslada costos a los beneficiarios al generar honorarios y gastos judiciales, lo que incentiva la judicialización de conflictos que deberían resolverse de manera administrativa y gratuita.
“Este sistema rompe el principio de accesibilidad a la salud, porque obliga a los afiliados a afrontar costos que el Estado debería evitar”, remarcaron.
Denuncia por prácticas discriminatorias
ATE también advirtió que la actual gestión avala presuntas prácticas discriminatorias dentro del sistema de obras sociales.
En ese sentido, señalaron a la Obra Social Unión Personal por el cobro de coseguros en prestaciones médicas a trabajadores que no estén afiliados al sindicato UPCN.
Desde el gremio calificaron esa modalidad como “extorsiva” y aseguraron que profundiza la desigualdad en el acceso a la salud, afectando directamente a los sectores laborales más vulnerables.
El reclamo sindical expone un escenario de creciente tensión dentro del sistema sanitario, donde los trabajadores advierten demoras administrativas, trabas burocráticas y medidas que, lejos de agilizar soluciones, trasladan cargas económicas a los propios pacientes.
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