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La Justicia pidió a Manuel Adorni que justifique su patrimonio en una causa por presunto enriquecimiento ilícito

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El fiscal Gerardo Pollicita le envió un requerimiento al ex jefe de Gabinete para que explique distintos movimientos patrimoniales detectados durante la investigación. Tendrá 15 días para responder.

La Justicia federal avanzó en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni y le envió un requerimiento formal para que brinde explicaciones sobre su patrimonio, según confirmaron fuentes judiciales.

La medida fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien solicitó al ex funcionario una serie de aclaraciones vinculadas a la evolución de sus bienes, adquisiciones inmobiliarias y otros gastos que, según la investigación, podrían resultar incompatibles con los ingresos declarados.

El pedido ya fue notificado a Adorni, quien dispone de un plazo de 15 días para responder cada uno de los puntos planteados por la fiscalía.

La causa tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, en los tribunales de Comodoro Py, y se encuentra en una etapa clave de recolección de información patrimonial.

Según trascendió, Pollicita basó parte de su requerimiento en un informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo especializado en el análisis de movimientos financieros y patrimoniales.

Los investigadores buscan determinar si las compras de inmuebles y otros gastos registrados durante los últimos años guardan relación con los ingresos declarados por el ex funcionario o si existe un incremento patrimonial injustificado.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que este pedido de explicaciones podría convertirse en un paso previo a una eventual citación a declaración indagatoria, aunque por el momento no existe una resolución en ese sentido.

Adorni dejó el Gobierno hace poco más de un mes y desde entonces permanece bajo investigación en el marco de esta causa, que continúa reuniendo documentación y elementos de prueba para determinar si existió o no un enriquecimiento ilícito.

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