La empresa Protefilm recibió facturas por más de $174 millones y recurrió a la Justicia para evitar la interrupción del suministro eléctrico. El Juzgado Federal de Quilmes dictó una medida cautelar que impide a Edesur cortar o restringir el servicio mientras se resuelve el conflicto.
Una fábrica de films plásticos de Quilmes logró una medida cautelar que impide a Edesur interrumpir, suspender o restringir el suministro eléctrico, luego de denunciar incrementos que calificó como “irracionales” en los cargos de las facturas.
La presentación fue realizada por Protefilm, una pyme industrial que recibió dos facturas de electricidad por un monto acumulado superior a los $174 millones. El caso quedó en manos del Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Antonio Armella.
La resolución judicial estableció que la distribuidora deberá abstenerse de interrumpir o restringir el suministro a la empresa mientras se analiza la cuestión de fondo vinculada con la validez de los montos reclamados.
La medida cautelar fue dictada por un plazo de respuesta de dos días y se mantendrá hasta que se resuelva el conflicto, previa presentación de una caución juratoria por parte de Protefilm.
Facturas por más de $174 millones
Según la presentación realizada por la empresa, las facturas cuestionadas corresponden a los meses de agosto y septiembre.
Una de ellas asciende a $91.956.961,49, correspondiente a agosto, mientras que la segunda alcanza los $82.959.743,90 y tiene vencimiento en septiembre.
Ante la posibilidad de que se interrumpiera el servicio por la falta de pago de la primera factura, la empresa aseguró que debió recurrir a un préstamo bancario de $100 millones para afrontar el compromiso.
Posteriormente, Protefilm solicitó judicialmente la nulidad de ambos comprobantes y el reintegro de las sumas que ya habían sido abonadas.
La compañía sostuvo que el suministro eléctrico constituye un insumo indispensable para mantener su actividad industrial y advirtió que la continuidad de la producción depende directamente del acceso a la energía.
También planteó que los incrementos denunciados comprometen seriamente su continuidad operativa y podrían poner en riesgo alrededor de 70 puestos de trabajo.
Los cargos que cuestionó la empresa
En su presentación judicial, Protefilm atribuyó parte de los aumentos a los conceptos ACPOT (Ajuste por Servicio de Potencia) y CESTAB (Cargo o Ajuste por Costo de Energía Consumida) correspondientes al Mercado Eléctrico Mayorista.
De acuerdo con lo planteado por la empresa, esos conceptos registraron incrementos de entre el 150% y más del 300% respecto de períodos anteriores. Según la firma, en algunos casos los cargos llegaron a igualar o superar el costo de la energía efectivamente consumida.
La compañía también cuestionó la falta de documentación detallada por parte de Edesur y Cammesa respecto de los parámetros utilizados para determinar los importes facturados.
Qué resolvió el juez
Al analizar el pedido, el juez Luis Antonio Armella consideró que estaban acreditados, en esta instancia cautelar, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.
El magistrado tuvo en cuenta que los montos reclamados podían afectar el patrimonio y el capital de trabajo de la empresa y advirtió que exigir el pago bajo amenaza de interrupción del suministro podía llevar a la firma a una situación de cesación de pagos, concurso preventivo o incluso quiebra.
La medida no resuelve todavía la cuestión de fondo ni determina la validez definitiva de los cargos cuestionados, sino que busca evitar la interrupción del servicio mientras continúa el proceso judicial.
Tras conocerse la resolución, el abogado de Protefilm, Marcelo Szelagowski, destacó el alcance de la decisión y sostuvo que el fallo reconoce la importancia del suministro energético para la actividad industrial.
En ese sentido, cuestionó que, bajo el argumento de una supuesta liberalización del mercado, se trasladen a las industrias costos que, según afirmó, derivan de problemas y desequilibrios del sistema energético.
El conflicto continuará ahora en sede judicial, donde deberá analizarse la validez de los cargos incluidos en las facturas y los planteos realizados por la empresa quilmeña.
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