El jueves por la tarde, los pasillos de la Casa Rosada se llenaron de sonrisas y alivio entre los funcionarios del gobierno nacional. La razón de este optimismo radicaba en la inminente aprobación de las dos primeras leyes de la gestión «libertaria» del presidente Javier Milei: la Ley Bases y el Paquete Fiscal. Estas legislaciones, consideradas cruciales por la administración, obtuvieron el respaldo necesario gracias a la colaboración de la «oposición» dialoguista, culminando un largo y arduo proceso legislativo.
La aprobación de estas leyes otorga al gobierno de Milei las «herramientas» que había exigido para avanzar con su plan de gobierno. Sin embargo, a pesar del éxito legislativo, el presidente ahora enfrenta un desafío considerable. Las leyes aprobadas están diseñadas para beneficiar a los sectores más poderosos del país y del exterior, lo que podría dificultar la mejora de la situación económica de las clases medias y bajas, quienes constituyen su base electoral y cuya paciencia se está agotando debido a los impactos de una recesión económica brutal.
En Balcarce 50, sede del poder ejecutivo, se habla de iniciar lo antes posible un ambicioso proceso de privatizaciones. Entre las primeras en la lista se encuentra el Correo Argentino. A pesar de la previsible resistencia del Congreso, los funcionarios del gobierno aseguran que la privatización será posible gracias a lo estipulado en la «ley de creación» de la entidad.
El ambiente en la Casa Rosada contrasta marcadamente con el sentir de la ciudadanía, especialmente entre los sectores más vulnerables. La preocupación por el impacto de estas medidas económicas en sus vidas cotidianas crece, mientras el gobierno se muestra decidido a implementar su agenda libertaria.
El presidente Milei debe ahora equilibrar las expectativas de sus votantes con las demandas de los poderosos sectores económicos que se beneficiarán de las nuevas leyes. La tensión entre estas fuerzas determinará en gran medida la viabilidad de su gobierno y su capacidad para mantener la estabilidad social y económica en un contexto de creciente descontento popular.
La comunidad política y económica del país observa con atención los próximos movimientos del gobierno. La aprobación de estas leyes marca un punto de inflexión en la administración Milei, que deberá navegar entre la implementación de su ambicioso programa y la creciente presión de una ciudadanía cada vez más impaciente por ver mejoras concretas en su calidad de vida.
