La Justicia salteña avanza en la investigación sobre el robo de caños del Gasoducto NEA, algunos de los cuales fueron encontrados en Quilmes, en el predio de la empresa Depofer de Guido y la autopista, por lo que también fue imputado el presidente de CoMarfil SA.
Bajo la dirección del juez federal de Garantías, Gustavo Montoya, el fiscal general Eduardo José Villalba encabezó la actuación fiscal con la imputación formalizada al empresario Matías Rossi, presidente de la empresa CoMarfil SA, con asiento en Quilmes.
Villalba, junto a la fiscal auxiliar Roxana Gual, le endilgó a Rossi los delitos de robo agravado y fraude a la administración pública por su presunta participación en el robo de, al menos, 52 caños del gasoducto que fueron secuestrados de instalaciones de su empresa, a donde habrían llegado mediante maniobras y la utilización de documentación ilícita.
Asimismo, el fiscal amplió la acusación penal por el delito de fraude a la administración pública respecto del intendente del municipio salteño de Aguaray, Jorge Enrique Prado y el secretario de Hacienda de dicha municipalidad, Fredy Marcelo Céspedes, quienes ya habían sido imputados el 18 de mayo, aunque no por este hecho, descubierto con posterioridad.
El 5 de junio, en un allanamiento realizado en Quilmes, Gendarmería Nacional recuperó 55 caños que estaban destinados a ser reducidos ilegalmente como comederos de ganado o piezas estructurales para obras de alcantarillado, conductos de agua y otros usos en establecimientos agropecuarios, plantas industriales y proyectos de ingeniería.
La medida, que había sido requerida por Villalba al juez federal de Orán, Gustavo Montoya, se llevó a cabo en predios de la empresa Depofer, luego de que la fuerza federal corroborara con un dron el testimonio ofrecido por un camionero.
Según su declaración, esos tubos franquearon los controles camineros con la resolución municipal 1215 de Aguaray, por la que el intendente Jorge Enrique Prado enfrenta un proceso de destitución iniciado por el Concejo de la localidad salteña.
El allanamiento del 5 de junio complicó la situación del jefe comunal, que está imputado por fraude a la administración pública nacional y podría enfrentar un pedido de detención.
Los principales directivos de Depofer, José Rossi y Alejandro Rigiracciolo, quedaron bajo investigación. Los encargados de la empresa que vende estructuras metálicas en la intersección de la autopista Buenos Aires-La Plata y Guido, intentaron por todos los medios evitar que gendarmes atravesaran el portón de la firma.
Ante cuestionamientos formales, el allanamiento se retrasó en espera de que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, respondiera a un exhorto que le dirigió Montoya.
Un funcionario de Misiones denuncia «propaganda política»
El titular de Gas de Misiones, José Tomaselli, sostuvo que fueron políticas las decisiones atinentes al cese de las actividades del Gasoducto NEA. «Había parte de las obras que ya estaban adjudicadas y en ejecución, las cuales se finalizaron», indicó.
No obstante, aseguró que hubo problemas en tramos hasta que en determinado momento decidieron paralizar por completo los trabajos, período de tiempo en el que Mauricio Macri se encontraba como primer mandatario. «Hemos vivido con este parate en las obras y una propaganda política sobre el costo y la malversación de fondos», apuntó.
Tomaselli lamentó que el desarrollo de la obra no se haya podido finalizar en tiempo y forma y afirmó que se trata de algo «realmente importante».
