La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha impedido que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) acceda a los legajos de efectivos de las fuerzas de seguridad federales, obstaculizando así las investigaciones sobre el destino de los niños robados durante la dictadura militar. Este organismo, creado en 1992 y dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, tiene la misión de investigar estos crímenes de lesa humanidad.
Bullrich y su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, trabajaron durante el fin de semana para rechazar la solicitud de acceso a documentación presentada por la CONADI. La respuesta fue divulgada a los medios el lunes por la mañana antes de llegar a los destinatarios oficiales.
La CONADI fue establecida en respuesta a un pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo durante el gobierno de Carlos Menem y tiene la tarea de aplicar los artículos sobre identidad de la Convención sobre los Derechos del Niño. La ley 25.457, sancionada en 2001, ratificó sus funciones como receptora de denuncias y promotora de análisis del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Además, un decreto de 2004 firmado por Néstor Kirchner otorgó a la CONADI acceso a todos los archivos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional.
Esta medida de Bullrich se suma a la escalada negacionista del gobierno de La Libertad Avanza (LLA), encabezada por el presidente Javier Milei y sus colaboradores, como Luis Petri en el Ministerio de Defensa. Esta actitud obstaculiza la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas del terrorismo de Estado y sus familias.
