La jueza solicitó información sobre la actuación de personal del Ministerio de Seguridad tras el ataque a la ex vicepresidenta. Reasumió la investigación con críticas al trabajo de la fiscalía.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti volvió a quedar al frente de la causa que investiga el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022, y le pidió a la ministra Patricia Bullrich un informe sobre los funcionarios de su cartera que intervinieron antes y después del ataque.
La decisión de reasumir el expediente, que había sido delegado en el fiscal Carlos Rívolo desde noviembre de ese año, fue ratificada por la Cámara Federal, que desestimó la apelación presentada por el fiscal. Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia sostuvieron que la delegación de la investigación “es una facultad discrecional del juez” y que el recurso presentado por Rívolo “no resulta apelable”.
Capuchetti justificó su decisión en la falta de avances significativos en la causa y en la necesidad de “un nuevo enfoque”. Uno de los ejes que ahora priorizará la magistrada es el rol de la Policía Federal Argentina (PFA) en las horas posteriores al intento de magnicidio. Entre las irregularidades señaladas, se destaca que Brenda Uliarte, pareja del atacante Fernando Sabag Montiel, eludió un cerco policial pese a tener una orden de detención vigente.
Un video registrado por cámaras de seguridad y difundido por Clarín muestra cómo Uliarte sale del edificio de Montes de Oca al 1200, donde operaba la banda de los “copitos”, y no es detenida, a pesar de que había agentes de inteligencia de la PFA apostados en el lugar. Fue arrestada más tarde en la estación de Palermo, gracias a una geolocalización realizada por la DaJuDeCO.
El jueves declararán cuatro efectivos de la fuerza que participaron de la investigación interna: Sandra Carral Leiva, Mirna Speranza, Roberto Méndez y Mónica Carracedo. Todos están vinculados al sumario administrativo 165-18-008-526/2022, el cual Capuchetti considera una pieza clave para profundizar nuevas líneas investigativas.
Uno de los puntos sensibles que sigue sin esclarecerse es la posible participación del diputado Gerardo Milman, de La Libertad Avanza, cuya frase premonitoria fue denunciada por un testigo. La jueza busca determinar si existieron autores intelectuales detrás del ataque y si hubo encubrimiento desde sectores del Estado.
