La crisis sanitaria de la provincia de Buenos Aires se agudiza cada vez más, golpeando directamente a las clínicas privadas, que no encuentran salida al preocupante déficit económico en el que están inmersas. El 15% de aumento que reconoció el IOMA en sus prestaciones, y que pagará en cuotas a partir del mes de septiembre, resulta insuficiente en relación a los niveles de inflación, al aumento del 27,5% de sueldo que cerraron los trabajadores de la salud, y a los insumos dolarizados que tienen que afrontar los sanatorios.
En torno a esta situación crítica, el Presidente de la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA), Néstor Porras, aseguró que “históricamente los financiadores como IOMA y PAMI acompañaron al menos el porcentaje de paritarias. Pero en esta oportunidad se ha tomado una modalidad distinta a nivel nacional y provincial, que es ofertar por debajo de los niveles de inflación que el propio Presidente de la Nación, Mauricio Macri, reconoció”.
A pesar de que este desajuste se generó principalmente a partir de que ATSA cerrara la paritaria en un 27,5%, Porras dejó en claro que “los trabajadores lo necesitan y esto termina siendo una pelea entre pobres, lo que menos queremos es que le recorten el salario”. Más allá de esta necesidad, el presidente de FECLIBA aseguró que “las clínicas están en un estado muy complicado. Tuvimos más de un 100% de aumento en electricidad y los insumos están dolarizados. Somos un sector que atendemos a la seguridad social, y que estamos tipificados como sociedades anónimas, o SRL, y donde el estado exige como tal. Tenemos una entrada fija, con gastos variables”.
En este contexto, Porras aseveró que “tratamos que lo último que se afecte es la calidad de atención y por eso lo que primero dejan de pagar las instituciones son los impuestos. Estamos bajo el paragua de una emergencia sanitaria, pero el día que la ley de emergencia caiga está garantizado que cerrarán el 60% de las clínicas. Tenemos tantos frentes de ataque que no sabemos si nos va a cerrar la AFIP o los financiadores”.
Con pagos atrasados y escalonados, otro de los temas que preocupa es la posibilidad de poder mejorar las fechas de cobro. “Esto es derramar un vaso de agua en un océano y creo que tenemos que ir a fondo de la cuestión”, dijo Porras y agregó: “la salud no es una empresa, es una demanda de la sociedad. Necesitamos que se tome conciencia que detrás de este pedido hay gente”.
