En un controvertido giro de los acontecimientos, los manifestantes detenidos frente al Congreso Nacional fueron trasladados a penales federales, en medio de acusaciones de criminalización de la protesta social. La medida, alentada por un insólito comunicado del Gobierno que denunció un supuesto «intento de golpe de Estado», ha generado una ola de críticas y preocupación entre organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición.
El fiscal Carlos Stornelli, encargado del caso, solicitó prisión preventiva para todos los arrestados, imputándoles 15 delitos, entre los que se destaca el de «sedición». La gravedad de los cargos y la decisión de trasladar a los detenidos a penales federales ha sido vista por muchos como una respuesta desproporcionada y represiva.
La jueza María Servini, quien lleva adelante la causa, ya ha indagado a los primeros diez detenidos. Durante las indagatorias, se buscó esclarecer los hechos y determinar la participación de cada uno de los acusados en los disturbios ocurridos frente al Congreso. Sin embargo, defensores de los derechos civiles argumentan que las acciones del Gobierno y del sistema judicial están encaminadas a intimidar y disuadir la protesta social, violando derechos fundamentales.
Desde diversas organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por lo que consideran una escalada en la criminalización de la protesta. «Estamos ante un caso claro de represión y criminalización del derecho a manifestarse. La imputación de delitos tan graves y el traslado a penales federales es una medida extrema que busca desalentar la participación ciudadana en la vida democrática,» afirmó un portavoz de una ONG de derechos humanos.
El comunicado del Gobierno, que califica las protestas como un «intento de golpe de Estado», ha sido calificado de insólito y alarmante. Diversos analistas políticos y figuras de la oposición han señalado que el lenguaje utilizado exacerba las tensiones y legitima medidas represivas contra manifestantes.
Mientras tanto, las familias de los detenidos y activistas sociales han organizado vigilias y manifestaciones pacíficas para exigir la liberación de los arrestados y denunciar lo que consideran un abuso de poder. «No podemos permitir que se criminalice el derecho a protestar. Estamos aquí para apoyar a nuestros compañeros y exigir justicia,» expresó uno de los manifestantes en una vigilia frente a uno de los penales federales.
La situación continúa en desarrollo y se espera que en los próximos días se realicen nuevas indagatorias y se tomen decisiones clave en torno al futuro judicial de los detenidos. La comunidad nacional e internacional permanece atenta, observando de cerca las acciones del Gobierno y del poder judicial en relación con este delicado caso.
