Buenos Aires, 19 de marzo — La diputada del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en el proceso de concesión de Tecnópolis, con señalamientos que alcanzan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La presentación judicial, que tomó estado público este jueves, apunta a posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones de servicios de mensajería masiva y a la gestión del predio estatal durante el período 2025–2026.
De acuerdo al escrito, una compulsa impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios habría adjudicado a la firma ATX S.A. un contrato superior a los $3.650 millones para el envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas. En ese marco, se advierten presuntos vínculos societarios entre empresas participantes —como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.— que podrían haber afectado los principios de competencia y transparencia.
La denuncia también menciona variaciones de precios en licitaciones similares y la reiteración de firmas relacionadas en distintos procesos, lo que, de comprobarse, podría configurar una maniobra de “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.
En paralelo, el foco se posa sobre la concesión de Tecnópolis, un proceso valuado en más de $183.300 millones y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete. Allí se señala un posible conflicto de interés por la relación entre la consultora +Be —propiedad de Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni— y empresas vinculadas a una de las firmas preseleccionadas junto a DirecTV Argentina.
El documento también describe conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que, según la denunciante, podría configurar un entramado de relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Según la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los hechos podrían encuadrarse en figuras como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Por último, Pagano solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios y empresarios involucrados.
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