La provincia de Buenos Aires se ve nuevamente envuelta en la tristeza y la indignación ante dos crímenes que han conmovido a comunidades vulnerables. Sin embargo, la forma en que la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha abordado dos casos similares ha generado preguntas y cuestionamientos sobre la equidad en la atención gubernamental.
En el primer caso, tres jóvenes fueron detenidos como acusados del asesinato de Umma Aguilera, la hija de 9 años de un custodio de la Ministra Bullrich. Este trágico suceso ha recibido una atención destacada por parte de la Ministra y su equipo, quienes han prometido una investigación exhaustiva y la máxima condena para los responsables.
En contraste, el caso de Jennifer Campos Calle, una adolescente de 13 años asesinada por dos asaltantes que ingresaron a robar en el corralón de su familia en el barrio La Palangana, también conocido como El Fortín, en González Catán, ha recibido menos atención mediática y gubernamental. Aunque la Ministra Bullrich ha expresado su preocupación por este crimen, la diferencia en la intensidad de las respuestas no ha pasado desapercibida.
Las preguntas que surgen son inevitables: ¿Por qué un caso recibe una atención más destacada que el otro? ¿La relación del primer caso con un custodio de la Ministra influye en la prioridad de la investigación?
En una conferencia de prensa, la Ministra Bullrich defendió la atención brindada al caso de Umma Aguilera, argumentando que el asesinato de una niña inocente vinculada a un colaborador directo de su equipo requería una respuesta contundente. Sin embargo, ha asegurado que se está trabajando diligentemente en ambos casos y que la gravedad de ambos crímenes no debe subestimarse.
La comunidad y algunos sectores políticos han expresado su preocupación por la posible influencia de factores externos, como la posición laboral del padre de la víctima en el primer caso, en la priorización de la atención gubernamental. La exigencia de justicia para todas las víctimas, independientemente de su entorno, se ha convertido en un clamor común.
El desafío para la Ministra Bullrich reside ahora en demostrar que la justicia y la seguridad son derechos universales que se aplican a todas las comunidades por igual, independientemente de las circunstancias específicas de cada crimen. La sociedad está atenta a la respuesta gubernamental y espera que se garantice una investigación imparcial y eficaz en ambos casos.
