La Cámara de Diputados aprobó por 134 votos afirmativos a 121 negativos la declaración de emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Se trata del artículo N°1 del megaproyecto enviado por el presidente Javier Milei.
El artículo en gestión quedó redactado de esta manera: “La presente ley tiene por objeto declarar la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa”.
“Promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y límite toda intervención estatal que no sea la necesaria para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos constitucionales”, agrega. Además, se aprobó también el Artículo N°3 que hace cumplir las seis emergencias aprobadas hasta el 31 de diciembre de 24 con la posibilidad de ser prorrogado por el “Congreso de la Nación por el plazo máximo de UN (1) año” y el plazo de las facultades delegadas.
La Cámara de Diputados retomó la sesión en la que se realizará la votación en particular de la Ley Ómnibus, luego del cuarto intermedio solicitado el viernes pasado. El mega proyecto viene de tener luz verde en general con 144 votos positivos, 109 negativos y 0 abstenciones.
El fin de semana parecía haber sido el espacio para que el Poder Ejecutivo y los diputados -que acompañaron el proyecto- acercaran posiciones con respecto a los ejes que mayores rispideces produjeron durante el transcurso del debate. No fue así.
Según pudo saber Noticias Argentinas, hubo contactos entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, a pocas horas del inicio de la sesión, y los dialoguistas, pero sin acuerdos concretos. Por lo que el clima de incertidumbre, que reinó desde el viernes hasta ayer, hoy se acrecentó.
Los desencuentros continuaban en los artículos vinculados a las facultades delegadas, privatizaciones y ley Guzmán, entre otros. La carta carta que jugó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, de pedir la coparticipación del Impuesto País sigue sobre la mesa, como también su alternativa.
La otra vía que habilitó Llaryora para destrabar el conflicto es el Fondo Garantía y Sustentabilidad (FGS). Hace hincapié en que el Ejecutivo se comprometa a regularizar el flujo de dinero a aquellas cajas previsionales armonizadas, es decir, las que cumplen con los estándares que les solicita la Nación.
Si bien son 13 las cajas, Córdoba y Santa Fe pertenecen al selecto grupo que cumple con estos estándares. Según pudo saber NA, si el Ejecutivo no concede este pedido, los legisladores cordobeses juntarían los votos necesarios para darle luz verde a la coparticipación del Impuesto País, tras la redacción de un nuevo artículo. Tendrían el apoyo también del ala santafesina dialoguista con terminales en el gobernador Maximiliano Pullaro.
