El debate por la baja de la edad de imputabilidad en la Argentina sumó una mirada técnica que cuestiona las expectativas de soluciones inmediatas frente a la inseguridad. El abogado Francisco Oneto analizó la posible reforma que llevaría el límite a los 14 años y fue contundente al definir el rol del derecho penal: “No está para prevenir el delito, sino para tutelar los efectos del delito”.
Según el especialista, la sanción funciona como una “aspirina” que se aplica cuando el problema ya ocurrió, pero que no evita las causas sociales que originan la delincuencia.
Oneto señaló además que existe una tensión dentro del ordenamiento jurídico actual, ya que, desde una mirada estrictamente normativa, la edad de imputabilidad podría ser incluso menor si se la vincula con el Código Civil y Comercial. “El discernimiento para los actos ilícitos se adquiere a los 10 años. A esa edad ya se sabe qué está bien y qué está mal”, explicó en declaraciones radiales, aunque aclaró que no se trata de una postura personal a favor de esa cifra, sino de una observación sobre la coherencia legal.
De todos modos, advirtió que bajar la edad a los 14 años no garantiza resultados inmediatos en términos de seguridad. “No es que a partir de ahora los menores van a dejar de delinquir, sino que eventualmente delinquirán y recibirán sanción”, sostuvo.
El abogado también cuestionó la idea instalada de que los menores de 16 años quedan en libertad tras cometer delitos graves. Según explicó, la legislación vigente establece que el juez dispone del menor y puede derivarlo a un instituto, por lo que consideró que existe un “mito” respecto a la supuesta ausencia de consecuencias.
En ese marco, planteó que el eje del debate debería centrarse en el sistema tutelar y no únicamente en el aspecto punitivo, diferenciando entre la pena aplicada a mayores de 16 años y las medidas tutelares destinadas a quienes no son punibles.
Respecto del funcionamiento del sistema penitenciario y el uso de celulares en cárceles, propuso avanzar hacia un esquema de control estatal con trazabilidad de los dispositivos en lugar de prohibiciones absolutas. A su entender, el desafío radica en equilibrar el mandato constitucional de resocialización con las demandas sociales de castigo.
Finalmente, llamó a un debate más profundo sobre el sentido de la pena en la Argentina y consideró que el modelo actual no logra ni la reinserción efectiva ni satisfacer el reclamo social de justicia, dejando al Estado en una posición de permanente ineficiencia frente al fenómeno delictivo.
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