La institución de Claypole, donde el Papa estuvo este lunes, denuncia que el Estado nacional interrumpió durante cuatro meses la provisión de medicamentos, pañales y alimentación especial para 122 personas con discapacidad. La Justicia ya ordenó dos pagos millonarios por períodos anteriores y dejó firme un embargo por más de $828 millones. El conflicto está vinculado con la paralización de transferencias tras el escándalo de corrupción en la ANDIS.
La visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione de Claypole puso en primer plano una situación que la institución atraviesa desde hace meses: la falta de provisión de medicamentos, pañales y alimentos especiales por parte del Gobierno nacional. El establecimiento, que brinda atención permanente a personas con discapacidad, reclama una deuda correspondiente al período julio-octubre de 2026 que, según estimaciones de sus autoridades, podría acercarse a los mil millones de pesos.
El conflicto afecta directamente a 122 personas que viven en el hogar y dependen de las prestaciones del programa Incluir Salud. Desde la institución advierten que la interrupción de los envíos obliga a buscar donaciones, reunir fondos y, en algunos casos, recurrir a las familias para conseguir insumos indispensables para sostener los tratamientos.
La situación tiene un antecedente judicial inmediato. El 30 de octubre pasado quedó firme una orden de pago por $828.708.195,16 correspondiente a prestaciones e insumos adeudados entre marzo y junio. El Ejecutivo terminó abonando ese monto después de que la Justicia rechazara su apelación y avanzara con las medidas para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Sin embargo, el pago no resolvió el problema. Desde el Cottolengo sostienen que todavía falta cubrir el último cuatrimestre y que no recibieron señales concretas de regularización.
Una deuda que se acumula desde el escándalo de la ANDIS
La interrupción de las transferencias comenzó en noviembre de 2025, dos meses después de que estallara el escándalo de presuntas irregularidades y cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que entonces estaba bajo la conducción de Diego Spagnuolo, exfuncionario cercano al presidente Javier Milei.
El área encargada de gestionar las prestaciones y transferencias era Incluir Salud, que quedó en el centro de las investigaciones por las irregularidades detectadas en el funcionamiento de la agencia. Uno de sus responsables, Daniel Garbellini, fue procesado en la causa judicial que investiga la presunta asociación ilícita que operó dentro del organismo.
Tras el escándalo, las transferencias destinadas a instituciones que alojan a personas con discapacidad quedaron interrumpidas. Posteriormente, Incluir Salud pasó a depender del Ministerio de Salud, pero los problemas de financiamiento y provisión continuaron.
Desde el Cottolengo explicaron que la falta de medicamentos y alimentos especiales se hizo sentir de manera directa en la atención cotidiana. Entre los productos necesarios se encuentran preparados líquidos para personas que no pueden ingerir alimentos sólidos, además de pañales y tratamientos farmacológicos específicos.
La institución señaló que existen planes de medicación que pueden alcanzar el millón de pesos, a los que deben sumarse los costos de alimentación y otros insumos indispensables para la vida diaria.
Dos fallos judiciales y pagos por más de $1.500 millones
El reclamo del Cottolengo Don Orione llegó en reiteradas oportunidades a los tribunales federales de Lomas de Zamora. La Justicia ordenó al Estado nacional cubrir dos períodos de deuda, mediante resoluciones que terminaron obligando al Gobierno a desembolsar sumas millonarias.
El primer embargo fue dispuesto el 29 de enero de 2026 por $753.371.035,51, correspondiente al período noviembre de 2025-febrero de 2026. La medida buscaba garantizar el financiamiento de las prestaciones que el establecimiento necesitaba para sostener la atención de sus residentes.
El Gobierno apeló la decisión, pero el tribunal revisor confirmó el embargo el 5 de junio. Finalmente, el 2 de octubre, la Secretaría Nacional de Discapacidad modificó su postura y resolvió pagar la deuda. El dinero fue transferido a la cuenta de la institución el 8 de ese mes.
El segundo reclamo correspondió al período marzo-junio de 2026. El juez federal Juan Pablo Auge, titular del juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Lomas de Zamora, ordenó el pago de $828.708.195,16.
El 30 de octubre, el magistrado rechazó la apelación del Ejecutivo y dejó firme la obligación. En su resolución señaló que el Estado no había acreditado la provisión efectiva de los medicamentos e insumos reclamados, pese a haber sido intimado judicialmente.
El juez también advirtió sobre la urgencia de disponer de los recursos para garantizar la continuidad de los tratamientos, la alimentación, los insumos y el funcionamiento del establecimiento, incluidos los salarios del personal.
En conjunto, los dos pagos ordenados por la Justicia superan los $1.581 millones. Sin embargo, esas transferencias corresponden a períodos anteriores y no cancelan la deuda que la institución reclama por julio-octubre.
La Justicia advirtió sobre el riesgo para la salud de los residentes
En su resolución, Auge sostuvo que la falta de cumplimiento del Gobierno podía generar una situación de desamparo para las 122 personas alojadas en el Cottolengo y beneficiarias del programa Incluir Salud.
El magistrado remarcó que estaban comprometidos derechos fundamentales, como la vida y la integridad física, y recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la salud mediante acciones concretas.
La resolución también reconstruyó los reclamos que la institución había presentado desde fines de 2025. En diciembre de ese año, el Cottolengo ya había denunciado la falta de provisión de insumos y medicamentos, además de la ausencia de pagos por las prestaciones correspondientes a sus residentes.
En aquella presentación se advertía que la falta de transferencias comprometía el pago de los salarios del personal, los proveedores de alimentos y otros gastos indispensables para sostener el funcionamiento del hogar.
La situación llegó a poner en riesgo la continuidad de la institución, que brinda alojamiento y atención permanente a personas con discapacidad y necesidades de apoyo específicas.
El Gobierno aceleró los pagos antes de la visita papal
Uno de los aspectos más sensibles del conflicto es la coincidencia entre la regularización de parte de la deuda y la llegada de León XIV a la Argentina.
Según fuentes vinculadas a Incluir Salud citadas en la investigación, desde el Gobierno se pidió acelerar los expedientes pendientes del Cottolengo aproximadamente dos semanas antes de la visita del Pontífice.
Desde la institución confirmaron que recibieron el pago correspondiente al período marzo-junio unos diez días antes de la llegada del Papa. No obstante, remarcaron que el desembolso respondió a una obligación judicial y que todavía permanecía pendiente la provisión correspondiente a los meses siguientes.
La situación no se limita al establecimiento de Claypole. Desde el sector señalaron que otros hogares de la provincia de Buenos Aires atraviesan problemas similares, entre ellos los cottolengos de Avellaneda y Polvorines.
La falta de transferencias obliga a las instituciones a buscar recursos por fuera del sistema de cobertura estatal. En el caso de Don Orione, las autoridades explicaron que recurren a donaciones, colectas y pedidos de colaboración a familiares, muchos de los cuales también atraviesan dificultades económicas.
El reclamo por los insumos de julio a octubre
Con los pagos anteriores ya ejecutados, el Cottolengo prepara una nueva presentación para reclamar al Ministerio de Salud la deuda correspondiente al período julio-octubre.
La institución busca primero una respuesta administrativa. Si el reclamo no prospera, anticipó que recurrirá nuevamente a la Justicia mediante una acción de amparo para garantizar la provisión de los medicamentos, pañales y alimentos especiales.
El monto podría acercarse a los mil millones de pesos, tomando como referencia los $828 millones que debieron abonarse por el cuatrimestre anterior. La cifra definitiva dependerá de las prestaciones e insumos correspondientes al nuevo período.
El sistema de Incluir Salud funciona mediante entregas por períodos de cuatro meses, por lo que cada institución debe renovar sus pedidos y trámites para garantizar la continuidad de la cobertura.
Mientras tanto, el establecimiento debe sostener la atención de sus residentes sin contar con la provisión regular de elementos esenciales.
El mensaje de León XIV durante su visita a Claypole
La recorrida del Papa por el Cottolengo Don Orione estuvo marcada por el encuentro con sus residentes y trabajadores. Durante la visita, León XIV escuchó testimonios y expresó un mensaje sobre la responsabilidad de las sociedades frente a las personas con discapacidad.
“El progreso de una Nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”, afirmó el Pontífice.
La frase adquirió una dimensión particular frente a la situación que atraviesa la institución, que reclama desde hace meses los recursos necesarios para garantizar la atención de sus residentes.
La visita papal permitió visibilizar el trabajo cotidiano de quienes sostienen el hogar, pero también expuso las dificultades económicas y administrativas que enfrentan las organizaciones dedicadas al acompañamiento de personas con discapacidad.
El Cottolengo Don Orione continúa a la espera de una respuesta del Gobierno nacional por los insumos adeudados. Mientras los reclamos judiciales ya obligaron a desembolsar más de $1.500 millones por períodos anteriores, la deuda del último cuatrimestre sigue pendiente y compromete la provisión de elementos indispensables para 122 personas.
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