El Ejecutivo autorizó la segunda etapa del proceso privatizador de Energía Argentina y llamó a licitación para vender las participaciones estatales en tres centrales de generación eléctrica.
El Gobierno nacional autorizó la segunda etapa del proceso de privatización de Energía Argentina (ENARSA) y abrió una licitación pública para transferir las acciones que el Estado posee en tres sociedades vinculadas a centrales termoeléctricas.
La medida fue oficializada este lunes mediante el Decreto 1107/2026, publicado en el Boletín Oficial, y contempla la venta del paquete accionario estatal a través de licitaciones públicas de alcance nacional e internacional.
El proceso se enmarca en la Ley de Bases, que estableció a ENARSA entre las empresas sujetas a privatización, junto con la Ley de Reforma del Estado y los decretos reglamentarios correspondientes.
Qué centrales serán privatizadas
La operación contempla las participaciones que ENARSA posee en tres sociedades de generación eléctrica:
- Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. (TMB): se pondrá a la venta el 65,01% del capital social, correspondiente a la totalidad de las acciones en manos de ENARSA.
- Termoeléctrica José de San Martín S.A. (TSM): el Estado venderá el 68,83% del capital social.
- Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A. (CTGB): la licitación se realizará una vez finalizada la liquidación del fideicomiso correspondiente y formalizada la incorporación de ENARSA como accionista.
En el caso de la Central Guillermo Brown, el fideicomiso tiene prevista su extinción para el 30 de septiembre de 2026.
El resto del capital de las sociedades continúa en manos de empresas privadas que participan del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y que originalmente integraron el Fondo FONINVEMEM.
Cómo será el proceso
El decreto establece que el proceso no incluirá un Programa de Propiedad Participada (PPP) ni otorgará preferencias dentro de la licitación.
Sin embargo, los pliegos deberán contemplar y resguardar los derechos de preferencia que los socios privados tengan establecidos en los estatutos de cada sociedad.
El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación del proceso y trabajará junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que tendrá a su cargo la elaboración de los pliegos y la ejecución de los llamados a licitación.
La medida representa un nuevo paso en el proceso de privatización de empresas y activos estatales impulsado por el Gobierno nacional.
