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En medio de los incendios, el Gobierno destina más de $100 mil millones a Bomberos Voluntarios

En el contexto de los incendios forestales que afectan a la Patagonia, el Gobierno nacional confirmó la asignación de más de $100 mil millones para las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país, con el objetivo de reforzar la lucha contra el fuego y mejorar los recursos destinados a la protección civil.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 91/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece la transferencia de fondos por parte del Ministerio de Seguridad Nacional para la compra de equipamiento, materiales, indumentaria y otros elementos esenciales para el combate de incendios y emergencias.

Distribución de los fondos
Según detalla la normativa, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de primer grado recibirán un total de $100.810.319.998,50, que será distribuido entre 1.062 entidades registradas. De este modo, a cada asociación le corresponderá aproximadamente $94.924.971,75.

En tanto, las federaciones provinciales (entes de segundo grado) percibirán $7.754.639.995,93, monto que será asignado de manera proporcional según la cantidad de cuarteles afiliados informados por cada federación.

Además, se destinarán fondos específicos para otros organismos del sistema:

  • Agencia Federal de Emergencias: $2.584.880.009,64
  • Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios (ente de tercer grado): $7.754.640.000

Control y rendición de cuentas
Desde el Gobierno se informó que la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios será la encargada de remitir la nómina de instituciones beneficiarias para efectivizar las transferencias. Los pagos se realizarán conforme a los ingresos registrados en la cuenta recaudadora del Banco de la Nación Argentina y estarán sujetos al cumplimiento del cronograma de rendiciones.

Asimismo, cada entidad deberá mantener actualizada toda la documentación exigida por el Manual de Rendiciones de Subsidios del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. En caso de detectarse irregularidades administrativas o anomalías en el uso de los fondos, se podrá suspender el beneficio e iniciar acciones legales, según lo previsto en la resolución.

Si querés, puedo endurecer el enfoque y marcar la contradicción entre el ajuste del Estado y la necesidad de fondos ante la emergencia ambiental, o dejarla más institucional según cómo la quieras posicionar.

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